El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha propuesto este martes plantear un "acuerdo de claridad democrática" al Estado para celebrar un referéndum a Catalunya, una idea que se inspira en la ley de claridad referendaria que se aprobó en el Canadá el año 2000, después de que el Quebec celebrara dos referéndums unilaterales. Esta ley canadiense establece las condiciones de negociación entre el gobierno del país y alguna de sus provincias, en caso de quererse independizar. Para empezar la negociación, según indica la ley del país, se tiene que hacer un referéndum preguntando "con claridad" a los votantes si quieren la independencia de la región y se tiene que obtener un resultado "claramente" mayoritario a favor.

Esta ley estipula que la Cámara de los Comunes del Canadá, la cámara baja del Parlamento, es quien tiene la responsabilidad de decidir si la pregunta es suficientemente clara y no causa confusión al votante. En caso de que considere que la cuestión es ambigua, puede obligar a modificarla. Este organismo también es el encargado de establecer cuál es el porcentaje necesario para que saque adelante la secesión. Un punto que demuestra que se necesita tener una mayoría que supere el 50% de los votos y que deja en manos del Parlamento del Canadá, y no de las Asambleas de las provincias, establecer cuál es este porcentaje de voto a favor que permite aprobar la independencia del territorio.

La Cámara de los Comunes, además, puede anular una decisión, si considera que se ha violado alguno de los principios del Acuerdo de Claridad. Si una provincia muestra un apoyo|soporte mayoritario a la secesión, la ley estipula que se tiene que hacer una enmienda a la constitución del país y aceptar la independencia del territorio.

La Ley de Claridad Refrendaria fue aprobada por el Parlamento del Canadá el año 2000, después de que el Quebec organizara dos referéndums unilaterales que el Tribunal Supremo del Canadá consideró ilegales. El segundo referéndum, celebrado el año 1995, tuvo un resultado muy ajustado, con un 50,6% de los votos en contra de la independencia y un 49,4% a favor. El Parlamento del Canadá aseguró que la pregunta no era clara y podía causar confusiones a los votantes. Ante esto, el Parlamento del país decidió crear esta ley para garantizar una consulta con una pregunta clara y que contara con resultados con el apoyo mayoritario.

Por su parte, la Asamblea del Quebec no reconoció esta ley y, después de que el Parlamento del Canadá lo aprobara, crearon otra de alternativa conocida como la "Ley sobre el respeto del ejercicio de los derechos fundamentales y prerrogativas de las personas y el Estado del Quebec".