El letrado del Parlament Antoni Bayona ha cuestionado este martes el decreto de aplazamiento electoral aprobado el viernes pasado por el Govern porque "genera más dudas e introduce un precedente peligroso". En un artículo publicado en elDiario.es, Bayona considera que "no era necesario dejar sin efecto la convocatoria de las elecciones" del 14 de febrero, "para volver a convocarlas de nuevo como se desprende del decreto, porque el conflicto se podía solucionar perfectamente dejando en suspense el proceso electoral en curso y aplazando la fecha de las elecciones".
"Hay una diferencia importante entre los decretos del País Vasco y Galicia respecto del catalán, porque los dos primeros hablan de 'reactivar' la convocatoria, mientras que el tercero dice textualmente que se procederá a una nueva convocatoria de las elecciones", puntualiza.
Bayona, que era letrado mayor del Parlament en el agitado mes de octubre de 2017 y que chocó con los grupos independentistas por las "leyes de desconexión", hace notar que el decreto aprobado el viernes con la firma del vicepresident del Govern en funciones de president, Pere Aragonès, "introduce un elemento especialmente delicado desde el punto de vista legal e institucional".
La facultad del vicepresidente
"Implícitamente viene a reconocer al vicepresident del Govern la facultad de convocar unas elecciones que, en este caso concreto, se han convocado por imperativo legal; y no sólo eso, porque al mismo tiempo se atribuye al vicepresident una facultad de convocatoria electoral que no encaja en el marco estatutario y legal", alerta.
De hecho, el decreto implica desconvocar "unas elecciones establecidas directamente por ley y atribuir al vicepresident la facultad de convocar lo que realmente serían unas nuevas elecciones". "El decreto permite interpretar que se han desconvocado las elecciones y que la celebración de estas queda ahora condicionada al hecho de que el vicepresident las vuelva a convocar. Y esto plantea dos problemas importantes", advierte.
En primer lugar, subraya Bayona, hay un problema de "inseguridad jurídica sobre los trámites electorales ya realizados y las expectativas que pueda abrir una nueva convocatoria electoral". Y en segundo lugar, avisa, está el "impacto que el decreto tiene sobre los poderes de intervención del Govern sobre unas elecciones que tienen su origen en un mandato legal y no en el uso de una facultad presidencial de disolución anticipada del Parlament".