La presidenta de Junts per Catalunya, Laura Borràs, se ha querido desmarcar este miércoles de la polémica contratación de la empresa Desokupa por parte del Ayuntamiento de Premià de Dalt, gobernado por un alcalde de su partido. En un tuit en Twitter, Borràs se ha referido a este asunto, aunque no de manera explícita, y ha expresado el "compromiso" de su partido en la lucha contra "las mafias de ocupación ilegal". La presidenta del Parlamento suspendida ha añadido que la voluntad de su formación es impulsar "reformas" que permitan "acabar" con "prácticas ilícitas". En este sentido, Borràs añade que su partido está lejos de considerar como válida la contratación de empresas como Desokupa para luchar contra las mafias.
"No compartamos estas contrataciones y trabajemos para combatir estas ocupaciones con nuevas herramientas que tiene que aprobar el Parlament", ha escrito la presidenta de Junts precisamente este miércoles en que se ha celebrado el primer Pleno del Parlament donde su partido ha actuado ya como partido a la oposición. Aunque Borràs no hace referencia explícita a Premià de Dalt en su mensaje, un comentario a continuación de su compañera de partido Aurora Madaula también en Twitter desvanece cualquier duda y confirma que la presidenta se refiere precisamente a esta polémica.
En el gobierno municipal también están los socialistas, de manera que el PSC del Maresme también ha rechazado la polémica contratación: "Queremos manifestar nuestro rechazo a las prácticas de desahucios extrajudiciales que practica la empresa Desokupa y expresamos nuestra oposición frontal a cerrar cualquier trato con este tipo de empresas". Por contra, han defendido que la forma de combatir las ocupaciones es con "reformas legislativas" y han subrayado que han propuesto "una reforma en diversos puntos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que permitiría agilizar los trámites para que se puedan realizar desalojos de ocupaciones ilegales en un plazo de 48 horas si los ocupantes no aportan un título legítimo".
La contratación de Desokupa por parte del Ayuntamiento de Premià de Dalt trascendió este martes. El mismo consistorio de la localidad confirmó, a través de un comunicado, que había contratado Desokupa en calidad de empresa asesora para hacer desahucios en esta población del Maresme. El acuerdo entre la institución y la empresa ha implicado la formalización de un contrato por un periodo de un año y un volumen de 3.000 euros más IVA anuales. El consistorio ha defendido la iniciativa asegurando que la empresa hará funciones "de intermediación para la recuperación de bienes inmuebles ocupados de manera mafiosa y/o delincuencial". Desokupa está dirigida por Daniel Esteve, exportero de discoteca que tiene antecedentes policiales y es próximo a partidos de ultraderecha.
Iglesias interviene en la polémica de Desokupa con exigencias a Puigdemont, Borràs y Illa
Estas conexiones han hecho que la noticia no haya pasado desapercibida en el terreno político. Partidos de izquierdas han expresado críticas a Junts por la iniciativa que ha tenido uno de sus alcaldes. Entre las personalidades que se han expresado en tono crítico está el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias, que en un tuit ha lamentado la contratación de "nazis" para hacer un trabajo que no pueden hacer ni los Mossos d'Esquadra ni la policía local. El también exsecretario general de Unidas Podemos ha pedido en un tuit en Twitter que Carles Puigdemont, Laura Borràs y Salvador Illa (el PSC gobierna en coalición con Junts en Premià de Dalt) desautoricen la contratación de Desokupa porque en caso contrario estarían no tan solo normalizando el fascismo sino también utilizándolo como apoyo. El tuit de Iglesias ha sido replicado por la misma Borràs, asegurando que no se da por aludida ante las acusaciones del exvicepresidente español vinculándola con el fascismo.