Laura Borràs se ha negado a declarar ante el Tribunal Supremo. La portavoz de JxCat en el Congreso de los Diputados estaba citada en la causa abierta por su etapa al frente de la Institución de las Letras Catalanas (ILC). Borràs, investigada por presuntos delitos de prevaricación, malversación, fraude y falsedad documental por supuestos contratos irregulares, denuncia una persecución política. Si hoy se ha encontrado delante del magistrado es porque el Congreso aceptó el suplicatorio y le levantó la inmunidad parlamentaria, evidenciando también la división del independentismo en Madrid. Al Supremo la han acompañado representantes de todos los partidos independentistas y las entidades

Borràs no ha durado ni un cuarto de hora en el Tribunal Supremo. Le han leído sus derechos y se ha acogido al de no declarar. "He visto todos mis derechos vulnerados desde el primer momento", ha denunciado a la salida, un mensaje que también ha repetido dentro. "Me veo aquí obligada a defender mi inocencia cuando en realidad quien me está llevando a este tribunal ni siquiera ha presentado las evidencias periciales que permitan demostrar mi culpabilidad", ha criticado.

Borràs acompanyada dels seus advocats i de companys de partit i del CongrésBorràs acompañada de sus abogados y de compañeros del partido i del Congreso. Foto: EFE

La portavoz de JxCat ha señalado que "cuando esta prueba pericial esté practicada, declararé gustosamente y pediré yo poder venir a declarar personalmente". Borràs ha sostenido que "colaborará con la justicia", pero que lo que no hará nunca es "colaborar con la injusticia". Así lo ha trasladado ante el juez instructor Eduardo de Porres. "Los estados de derechos se tendrían que fundamentar en el derecho", ha defendido. "Cuando no hay pruebas, hay lawfare", ha concluido.

Ha dejado claro que ni dimitirá ni renunciará a su escaño porque ello implicaría aceptar la culpabilidad.

Apoyo político y ciudadano

Borràs ha llegado al Tribunal Supremo acompañada de su abogado Gonzalo Boye, pero también de representantes políticos, como Eduard Pujol y Jaume Alonso Cuevillas (JxCat), Pilar Valluguera (ERC), Mireia Vehí (CUP) o Jon Iñarritu (EH Bildu). Hasta las puertas del tribunal se han acercado una veintena de ciudadanos llegados de Catalunya y algunos de Madrid, que han leído un manifiesto antes de que entrara a declarar. "Laura Borràs, no estás sola. No es justicia, es venganza", se leía en una pancarta. Òmnium y la ANC también han hecho llegar su apoyo a la portavoz de JxCat.

"No soy culpable"

Acusada por prevaricación, malversación, prevaricación, fraude y falsedad documental por supuestos contratos irregulares, Borràs ha negado todos los extremos desde el principio. "Lo digo desde ya: no soy culpable. No he cometido ninguno de los presuntos delitos de los que se me acusa", aseguró después de su comparecencia ante la comisión del estatuto del diputado. Cargada de material documental, denunció un amplio "catálogo de irregularidades procesales" y una "ausencia absoluta de hechos susceptibles de ser perseguidos penalmente". Consideró "indignante" que se intente "perjudicar" su nombre y su trayectoria, marcadas por "la transparencia, la austeridad y el rendimiento de cuentas". Lo mismo, pero mucho más breve, ha hecho hoy en el Tribunal Supremo.

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Concentrados en apoyo a Laura Borràs. Foto: EFE

Los votos independentistas eran irrelevantes en el suplicatorio en el Congreso, pero sin embargo volvieron a evidenciar sus diferencias. JxCat y el PNV votaron en contra, mientras que ERC, la CUP, EH Bildu y el BNG no participaron en la votación. El resultado final: 293 a favor, 14 en contra y cinco abstenciones. El independentismo intentó consensuar, hasta el último minuto, una respuesta conjunta al suplicatorio. Finalmente, esta unidad no fue posible después de naufragar las negociaciones. Después de saber que republicanos y anticapitalistas optarían por no participar en la votación, una propuesta inicial de JxCat, la formación de Puigdemont avisó de que "el único voto posible, coherente y digno es el no".

 

 

Tanto ERC como la CUP justificaron la necesidad de equilibrar la investigación de supuestas irregularidades con el hecho de que no tendrá un juicio justo en el Tribunal Supremo.

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