Ayudas para tratamientos médicos, atención a ancianos, por natalidad y por hijos menores de tres años, familias numerosas y monoparentales, guarderías, actividades de verano de los hijos, comedor escolar, estudio de idiomas, alquiler, ayudas de transporte, alojamiento y manutención y descuentos en destinos de vacaciones.
Estas son algunas de las "ayudas, subvenciones y ventajas" de los que disfrutan los miembros de la Guardia Civil y la Policía Nacional y no los Mossos d'Esquadra, según ha detallado el sindicato USPAC, que en pleno debate sobre la equiparación puramente salarial entre los agentes de los diferentes cuerpos han pedido que los Presupuestos Generales del 2018 de la Generalitat incluyan una partida de 150 millones de euros para conseguir una "equiparación real".
Así lo pide USPAC en un escrito enviado a la Conselleria d'Interior de la Generalitat, en plena reivindicación de la policía española y la Guardia Civil para equiparar su sueldo al de los agentes del cuerpo catalán, para lo cual el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, se ha comprometido a una partida de 1.500 millones de euros en tres años.
En su escrito, USPAC denuncia que resulta "desigual e injusto" que las condiciones laborales de los Mossos d'Esquadra "sean inferiores a otros cuerpos policiales que desarrollan la misma función policial", cosa que consideran que supone un "trato discriminatorio".
En este sentido, pone de relieve que el Ministerio de Interior haya previsto una equiparación salarial de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con los Mossos d'Esquadra y que, en cambio, no se haya establecido como "contrapartida" la equiparación de los Mossos con las "ventajas, subvenciones, ayudas y prestaciones de Seguridad Social" con Policia Nacional y Guardia Civil.
"No somos una policía de segunda"
USPAC subraya que los Mossos d'Esquadra "no son una policía de segunda", por lo cual, en el actual contexto en el cual la policía catalana está bajo control del Gobierno español por la aplicación del artículo 155 de la Constitución que ha supuesto la intervención del autogobierno catalán, pide que se convoque un Consejo de la Policía para reconocer para ellos los derechos de los cuales también disfrutan la Guardia Civil y la Policía Nacional, entre los cuales poder acceder a la reserva a los 56 años -los que estén en servicio antes de 1999- y a los 58 años, el resto, y poder jubilarse a los 60 años -los que hayan estado 30 años en el cuerpo.