Verdades incuestionables. La Razón y El Mundo avalan hoy sin ningún tipo de objeción la conclusión de la causa del procés del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que ayer suspendió de sus funciones a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez por haber cometido, según su punto de vista, un delito de rebelión.

Los de Francisco Marhuenda elogian sin tapujos el trabajo del magistrado del Supremo tachándolo de "ejemplar", al mismo tiempo que aplauden que, "a pesar de los problemas derivados de la importancia del caso, lo que ha provocado la inadmisible presión política y las coacciones sufridas desde el independentismo", Llarena ha hecho un buen trabajo que ahora deja en manos de la Fiscalía.

Una Fiscalía que, aunque la nueva titular general del Estado, María José Segarra, aseguró que "a día de hoy no hay ningún cambio en la posición" en el caso 1-O, La Razón pone en duda su posición, cosa que, advierten, "abriría una situación comprometedora" porque consideran que "Torra dejó en evidencia a Pedro Sánchez".

Por todo ello, emplazan a Segara a "seguir manteniendo el mismo criterio" aunque, como ya ha sostenido en distintas ocasiones el jurista y colaborador de El Nacional, Joan Queralt, "ninguno de los delitos por los cuales se han abierto diligencias se ha dado en la realidad" porque, a grandes rasgos, el artículo al que hace referencia el juez del Supremo (el 384 bis de la ley de Enjuiciamiento Criminal) "se refiere a sujetos integrados en bandas armadas o que están relacionados con estas, o que son terroristas o rebeldes ellos mismos".

Democracia, ¿cuestión penal?

El Mundo aún va un paso más allá y titula su editorial sentenciando que "el separatismo es también una cuestión penal", mientras aplaude que la suspensión de los diputados "desmiente el mantra repetido desde el Gobierno [de Pedro Sánchez] para justificar su encuentro con Quim Torra".

Sin cuestionar en ningún momento la conclusión de Llarena, ni repasar la polémica que ésta ha ido encendiendo por basarse en un artículo del Código Penal que hace referencia, a grandes rasgos, al terrorismo, sustentan que esto "demuestra que el desafío soberanista es también una cuestión de orden penal".

Para el diario citado, la política no se puede desvincular de la cuestión judicial y, aseguran, "en un sistema democrático, debe estar sometida al imperio de la ley". Y siguen: "cuando alguien se sitúa claramente al margen, como hicieron los golpistas procesados por rebelión al despreciar reiteradamente las resoluciones del Tribunal Constitucional, son los jueces los que tienen la palabra".

Y, una vez dicho esto y para terminar, cargan contra Sánchez porque consideran que "es incomprensible su silencio ante el agresivo menosprecio mostrado por Torra al jefe del Estado" y más aún cuando, a su juicio, que el president de la Generalitat "repita, cada vez que tiene ocasión, su desprecio al ordenamiento constitucional debería hacer reflexionar al Gobierno, que el lunes mostró su disposición a seguir trabajando con un Govern declarado abiertamente en rebeldía".