Por si la gestión de la pandemia no se hubiera utilizado ya lo suficiente con finalidades políticas, la vacunación de los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional española se ha convertido en un nuevo campo de batalla político que ha acabado en los tribunales. Esta mañana, Vox, Cs y PP se han erigido como representantes de policías y guardias civiles, insistiendo en la acusación de que el Govern de la Generalitat les discrimina "guiado por el odio" y el "sectarismo".

Los tres partidos de derecha —y ultraderecha— han complementado sus discursos, durante la sesión de control celebrada este jueves en el Parlament. La primera ha sido Lorena Roldán, ahora en nombre del PP, que ha preguntado si "sólo se vacunará a quien tenga el carné del Consell per la República", después de calificar de "miserable" la opinión de Carles Puigdemont sobre la polémica. Con el mismo tono, pero con otras palabras, ha insistido el representante de Vox, Joan Garriga, preguntándose si el gobierno "también negará la vacuna a los 217.000 catalanes que votaron a Vox". Finalmente, Cs ha salido a rematar. Con un punto más templado, Matías Alonso ha pedido la dimisión del secretario de Salut Pública, Josep Maria Argimon.

Él, Argimon, fue el primero en verbalizar la indignación del gobierno catalán con la decisión "ridícula" del TSJC de obligarlos a priorizar de manera inmediata la vacunación contra la Covid de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. A pesar del enfado, la Generalitat ha anunciado que cumplirá la orden. Eso sí, deja claro que eso comportará un retraso en la vacunación de la franja de 70 a 79 años.

Hoy ha sido el turno de la consellera Alba Vergés. A todos les ha respondido que la prioridad es "vacunar a toda la población" y les ha exigido que no cuestionen el trabajo del personal de salud. Al mismo tiempo, ha lamentado la irrupción "de un actor más, que son los tribunales", una "judicialización" que "hace perder el valor de los profesionales sanitarios". Asimismo, ha defendido la estrategia de vacunación pautada por la Generalitat, que empezó por la población más vulnerable, en las residencias, siguió con los trabajadores sanitarios y luego con el personal esencial.

Sobre la demora en la inmunización de los agentes de las fuerzas de seguridad del Estado, ha recordado que "sin la suspensión" de la aplicación de la vacuna de AstraZeneca que impuso el Gobierno de España para menores de 60 años "no estaríamos aquí".

Guardia Civil y CNP, como los Mossos

El martes pasado, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ordenó al Govern de la Generalitat proceder "sin más dilaciones" a vacunar contra la Covid-19 a guardias civiles y policías, para llegar a la misma proporción de agentes inmunizados que en el cuerpo de Mossos d'Esquadra. De esta manera, la justicia aceptaba las medidas cautelares solicitadas por los sindicatos Jupol y Jucil, en las cuales denunciaban que el Departament de Salut los estaba discriminando.

Antes de que acabe la semana que viene, la conselleria tendrá que enviar un informe a la sala contenciosa detallando el cumplimiento de la medida impuesta.