Turno hoy en el juicio de la Audiencia Nacional al major Josep Lluís Trapero, la intendente Teresa Laplana, el ex-director general de la Policia Pere Soler y el ex-secretario general César Puig, para el comisario Juan Manuel Quintela. Es el comisario principal de Barcelona ahora, pero en 2017 fue el comisario de la brigada de información del CNP en Barcelona que dirigió el operativo del 1-O y el autor del informe de los supuestos seguimientos de los Mossos a la policía española.

Hoy Quintela ha respondido a las preguntas de la fiscalía, basadas en gran parte en un caso archivado, la intervención de los documentos que llevaron los Mossos d'Esquadra a la incineradora.

Los Mossos cerraron 99 colegios e impidieron que abrieran 293. Muchos más de los que hicieron cerrar a golpes la Guardia Civil y el CNP. Fueron un centenar. La explicación, según Juan Manuel Quintena, es que la mayoría de los responsables de los colegios que no abrieron eran unionistas y, además, la orden del delegado del Gobierno en Catalunya en aquel momento, Enric Millo, fue del todo efectiva. Mucho más, de hecho, que la misma orden de la Fiscalía y la presencia de los Mossos en todos los puntos de votación.

Siguiendo la misma línea de su declaración el 2 de abril del 2019 en el juicio del Tribunal Supremo, ha querido dejar claro, a preguntas del teniente fiscal Miguel Ángel Carballo, que la previsión de los Mossos para impedir el referéndum era una "planificación inadecuada e ineficaz". El comisario ha descrito un "dispositivo repleto de deficiencias, con 70 peticiones de unidades de orden público sin atender y una falta de colaboración con las otras fuerzas policiales. Según Quintela, "no se activaron los recursos necesarios para una respuesta adecuada".


Quintela ha incorporado a su relato nuevos recursos estilísticos. Valorando la actuación de los Mossos, en todo momento ha hablado del absentismo de los agentes de los Mossos d'Esquadra en el dispositivo del 1-O. Mientras la policía española no hizo fiesta ni fines de semana ni mucho menos el día del referéndum, un 23% de los agentes del cuerpo de Mossos estaba de baja, de vacaciones o tenía un permiso especial. Una cuarta parte del cuerpo, lo cual lo llevó a pensar que "alguna cosa grave creía que estaba pasando".


El comisario también ha destacado el levantamiento de las actas por parte de los Mossos d'Esquadra durante el referéndum. Sin querer entrar en el relato chapucero de otros testigos, se ha centrado en el hecho de que, aunque "levantar acta es adecuado", no es efectivo y era la excusa para "hacer ver que hacemos alguna cosa".

 

"Las butifarradas constan en un documento de la incineradora como actividad no habitual"

Juan Manuel Quintela ha hurgado en la inacción de los Mossos. "Las actividades del fin de semana del referéndum eran atípicas, anormales y sin precedentes", ha expuesto ante el fiscal desgranando los documentos que se requisaron en la incineradora de Sant Adrià de Besòs, a la que los Mossos llevan habitualmente documentos para destruir. También ha asegurado que tenía informes en los que apuntaban que las movilizaciones "no serían pacíficas".


Han sido casi 4 horas de declaración en las que se han desgranado los documentos intervenidos y se ha querido dejar claro que los Mossos requisaron urnas una vez ya se había votado, y ha confirmado que el 29 y 30 de septiembre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado no tenían que intervenir si no se lo requerían los Mossos d'Esquadra, que era en quienes recaía la competencia.

En su análisis ha querido dejar claro, también, que "el procés tuvo el apoyo de todas las conselleries sin excepción" y que, en el caso de Interior, tenía una importante relevancia porque, según lo que reflejaba el documento Enfocats, la policía catalana suponía una de las estructuras de estado previstas para llegar a la independencia.

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