Los sindicatos educativos han salido en bloque a rehusar el decreto ley aprobado por el Gobierno este lunes que tiene que servir a los centros educativos para dar respuesta a la sentencia del TSJC que impone un 25% de castellano en las aulas. Ustec y la Intersindical han criticado este movimiento del ejecutivo catalán que trata de paliar la sentencia del 25%: "Entierra definitivamente la lengua catalana". Por parte de Ustec, Iolanda Segura, ha declarado que están "muy descontentos" con el decreto porque considera que no protege la inmersión lingüística ni la vehicularidad del catalán en el sistema educativo de Catalunya. Ha lamentado que es "el entierro definitivo de la lengua catalana" y ha recalcado que "no lo han consensuado con los agentes sociales" y se ha aprobado a espaldas de la sociedad.
El coordinador de la Comisión de Lengua de Intersindical-CSC, Gerard Furest, ha afirmado que este decreto ley "regula proyectos lingüísticos en función de cada centro" mientras que el Gobierno dijo que blindaría la inmersión, en sus palabras. "No podemos aceptar una sentencia que para nosotros es arbitraria, antipedagógica y que tiene una finalidad claramente lingüicida", ha sostenido Furest, que ha subrayado que el único ámbito en el cual el catalán es mayoritario está en la escuela. Tanto Segura como Furest han explicado que la voluntad de los sindicatos que representan es impulsar acciones para mostrar su rechazo a la norma y defender el modelo de escuela catalana.
Decreto ley aprobado
El decreto se publicará en las próximas horas en el DOGC, momento a partir del cual será vigente, aunque se tendrá que ratificar en el Parlamento. Desde el departamento se harán llegar a los centros las instrucciones para aplicarlo -"instrucciones muy claras, con muy poco margen de duda," ha asegurado la portavoz del ejecutivo, Patrícia Plaja-, y las escuelas tendrán que hacer llegar a la conselleria los proyectos educativos, que en un plazo de 30 días tendrán que ser ratificados por el Gobierno. El decreto ha incorporado una enmienda in voce durante la reunión del Consejo Ejecutivo en qué se deja claro que en caso de que sea necesario introducir modificaciones, el centro tendrá que realizar el cambio en el plazo el más breve posible, dentro de los siguientes seis meses. Una vez aprobado los proyectos, la responsabilidad queda en manos del conseller.
"Este decreto da cobertura legal al centro y también por extensión a los responsables de los centros ante las injerencias de los tribunales. El responsable último es el departamento de Educación y, por lo tanto, todas las responsabilidades recaen en el departamento de Educación y, en última instancia, en el suyo responsable, el conseller Cambray," ha asegurado la portavoz del Gobierno. Esta diversidad hace imposible, según Plaja, "que se pueda aprobar una regulación monolítica que imponga un tratamiento uniforme de las lenguas en todo el territorio haciendo abstracción de la diversidad social y cultural". "Será el departamento de Educación quien velará por garantizar que todos estos proyectos se ajustan a legalidad y a la realidad sociolingüística de cada centro, sin obviar que dar la respuesta a las necesidades de los estudiantes ha venido siendo hasta el momento la prioridad y seguirá siéndolo", ha insistido