La Generalitat ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) alegaciones a la demanda de ejecución forzosa de la sentencia del 25% de castellano a la escuela por parte de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB). La Generalitat alega que ya está tramitando iniciativas legislativas para "garantizar normativamente la utilización de las dos lenguas oficiales" y, además, la AEB no está legitimada para promover la ejecución forzosa de la sentencia porque no tiene la condición de persona afectada y tampoco ha acreditado que represente a alumnos o padres afectados directamente, recopilación la ACN. Además, la entidad no compareció antes en el procedimiento, aunque tuvo la ocasión de hacerlo, recuerda a la Generalitat.

Por otra parte, el escrito de la Generalitat añade que "está llevando a cabo las actuaciones necesarias para regular normativamente los usos lingüísticos", recordando que el Govern tiene un "amplio margen de discrecionalidad". Así, recuerda que la sentencia obliga a la Generalitat a adoptar las medidas necesarias para hacerla cumplir, sin especificar las medidas concretas. La sentencia tampoco concreta si tiene que ser el Departamento de Educación, el Govern entero o el Parlamento quien las tiene que llevar a término, aunque la AEB cita al conseller de Educación, a Josep González-Cambray, y los directores de los centros como responsables de los proyectos lingüísticos. Por eso, los abogados de la Generalitat consideran plenamente lícito que sea el Parlamento quien tome la iniciativa y reforme la Ley de Política Lingüística, como ahora mismo lo están negociando ERC, JxCat, PSC y los comunes.

Margen de maniobra

Además, el Gobierno dice que prepara un proyecto de decreto que regulará el régimen lingüístico del sistema educativo que podría habilitar los centros a tener cierto margen de maniobra en sus proyectos lingüísticos. Las dos iniciativas legislativas ya fueron comunicadas por la Generalitat al TSJC el 25 de marzo pasado, cuando expiraba el plazo para hacerlo. La Generalitat también recuerda que ha encargado una encuesta para conocer a fondo los usos lingüísticos en los centros educativos. En este sentido, la Generalitat cree que no es lícito que la AEB asegure que no se está haciendo nada para cumplir la sentencia, cuando hay varias iniciativas puestas en marcha. Así pues, dice que si la AEB no está de acuerdo, podrá interponer un nuevo recurso contencioso-administrativo contra la nueva normativa. De esta manera, la Generalitat descarta dictar una circular a todos los centros para que cumplan la sentencia, ya que eso se tiene que hacer a través de una normativa superior y no a dos meses de acabar el curso.