Decisiones del gobierno de Mariano Rajoy que han sido un fiasco o han sido tumbadas por la justicia española o europea pueden suponer una factura superior a los 40.000 millones de euros que tiene que asumir el Estado español. Esta cifra todavía podría incrementarse en función de como se acaben resolviendo causas que todavía están vivas en los tribunales. El fiasco de la Sareb (la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria), el retorno del IVA a las comunidades autónomas, el canon hidroeléctrico y la reciente sentencia del TJUE sobre el régimen sancionador por la ocultación a Hacienda de bienes en el exterior son algunos ejemplos. Estos 40.000 millones, tal como recoge elDiario.es, equivalen al 4% del PIB español y a todo el capítulo de inversiones del Estado previsto para este año 2022.

El control de la Sareb

El grueso de la factura heredada de Rajoy proviene de la deuda de la Sareb. Que sube unos 35.000 millones de euros. El Consejo de Ministros dio el 18 de enero pasado el primer paso para tomar el control de la Sareb, la sociedad creada el año 2012 después del rescate de la banca para dar salida a los activos tóxicos de la banca. El Gobierno ha dado este paso por imperativo de la Unión Europea, después de que Eurostat determinara el marzo pasado que el Estado se tenía que hacer cargo del pasivo en su contabilidad. La Sareb, con el Estado como principal accionista, funcionaba hasta ahora como una sociedad privada, fuera del ámbito de las cuentas del Estado. Se constata así que la estrategia ideada por el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos para sacar los productos inmobiliarios tóxicos de los bancos, con la promesa que se venderían más adelante a mejor precio, no se ha cumplido, sino al contrario: se aumentaron las pérdidas, comiéndose el capital de la Sareb.

El modelo 720

Otro punto de la factura es el coste, todavía por determinar, de otra medida adoptada en el 2012, en este caso por el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para hacer aflorar los bienes ocultos en el exterior, el conocido como el modelo 720. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha sentenciado esta semana que las multas previstas para esconder corderos en el exterior son ilegales, desproporcionadas y contrarias al derecho europeo. Las sanciones, en algunos casos, llegaban a superar con creces las cantidades ocultadas. Ahora Hacienda tendrá que cambiar el régimen sancionador y se enfrenta a la devolución de los 230 millones recaudados. Entre los afectados, la familia Pujol Ferrusola, en los que tendría que devolver hasta 1,7 millones de euros.

El IVA de las comunidades autónomas

El ministerio de Hacienda también se enfrenta a otro "problema", en palabras del ejecutivo de Pedro Sánchez, originado en la época de Rajoy. Tendrá que compensar a las comunidades autónomas con 3.000 millones de euros por el IVA que dejaron de recibir del ejercicio del 2017. El sistema electrónico puesto en marcha por Montoro hizo que las comunidades ingresaran 11 meses en lugar de 12. El ejecutivo de Pedro Sánchez dio largas a la petición de varias comunidades autónomas a recibir el dinero y decidieron ir al Tribunal Supremo que el año pasado les dio la razón. Ahora el Gobierno ha iniciado los trámites para devolver el dinero.

Canon hidroeléctrico

En abril del año pasado el Tribunal Supremo daba la razón a las compañías eléctricas en su reclamación en el Gobierno a devolver la recaudación de canon eléctrico, aprobado por el gobierno del PP en el 2012 y que entró en vigor en el 2015, correspondiente a los ejercicios que van del 2013 a los 2020. Se han devuelto a las compañías cerca de 2.000 millones de euros en plena crisis por el incremento de los precios de la electricidad.