La única cosa que parece que avanza favorablemente a estas alturas por el catalán es el decreto que está preparando el Govern para proteger a los maestros y los centros de la imposición del 25% del castellano, porque el acuerdo por la reforma de la ley de política lingüística hace aguas en el Parlament. ERC, PSC y Comuns presionan Junts para que vuelvan al consenso, mientras que la CUP les exige, una vez más, la retirada inmediata de la proposición de ley: "No es más que una operación política en toda regla para absorber y dar categoría a las sentencias judiciales", ha cargado al anticapitalista Xavier Pellicer, que ha exigido a los grupos no convertir en ley "una sentencia orquestada por la extrema derecha".
A la opinión de los cupaires, con esta modificación se acaba con el modelo de inmersión, en tanto qué se traslada a los centros el criterio para aplicar la inmersión, y es por este motivo que han pedido de nuevo que cualquier propuesta sea negociada previamente con la comunidad educativa y social: "Es una contradicción que digan que blinda la inmersión lingüística cuando lo que se blinda es una sentencia que sitúa el 25% del castellano en los centros". Pellicer, además, ha alertado de que si ahora los tribunales quieren imponer el 25% y eso se acepta, después impondrán un 30%, y cada vez más porcentaje hasta provocar que el catalán sea residual: "Eso no va del 25%, va de una judicatura vinculada a la extrema derecha y al estado".
"No podemos ceder ni un palmo. Pedimos a ERC, PSC y comuns que retiren la proposición de ley y hablen con las entidades en defensa de la lengua", ha añadido el diputado, que también ha remarcado que hace falta una respuesta de país para hacer frente a la sentencia, con un trabajo conjunto entre familias, docentes, sindicatos de maestros y estudiantes, Govern y Parlament.
Confrontación en el Parlament
Junts notificó ayer formalmente a la Mesa del Parlament la decisión de retirar "su firma y apoyo" a la proposición de ley de modificación de la ley de política lingüística que tramitó junto con PSC, ERC y comuns el pasado 24 de marzo. Paralelamente, la ejecutiva del partido hizo llegar al presidente, Pere Aragonès, una propuesta de decreto para garantizar la aplicación de la inmersión del catalán en las escuelas, proteger las direcciones de los centros y los maestros y dejar en manos del departamento de Enseñanza la validación de los proyectos educativos. Esta mañana mientras el Govern estaba reunido, los grupos parlamentarios de PSC, ERC y comunes han emplazado en Junts a volver a sumarse al acuerdo para la reforma de la ley del catalán en las próximas 24 horas y, en caso contrario, han anunciado que tramitarán algún texto legal, sin aclarar si sería o no la reforma de política lingüística.