Desobediencia. La CUP ha reaccionado enérgicamente después de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya haya emitido hoy un auto en la cual requiere al Departamento de Educación que "cumpla de forma inmediata" la sentencia del 25% del castellano en todos los centros educativos de Catalunya. En un tuit, el diputado de los anticapitalistas Carles Riera se ha dirigido directamente al Govern de la Generalitat para lanzar un aviso claro: "Es la hora de la desobediencia, contra la segregación escolar, por la cohesión social, por el derecho a la lengua". No es un posicionamiento sorprendente, después de que la CUP ya reaccionara con rechazo al anuncio del PSC, ERC, Junts y Comuns que pretendía impulsar un acuerdo por el catalán en las escuelas que reconocía por primera vez la presencia del castellano.

Riera no ha sido el único cupaire que se ha pronunciado a través de esta red social. Y es que la también diputada Laia Estrada ha criticado que la sentencia del TSJC "no responde a criterios pedagógicos ni de cohesión social, sino al proyecto recentralizador españolista". Ella misma también ha llamado al ejecutivo catalán a desobedecer. "El Govern no puede acatar esta ofensiva del Estado contra un modelo de consenso. Las hijas de castellanohablantes lo tenemos claro", ha afirmado. Con todo, llega después de que el conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, haya pedido el "máximo consenso político, social y pedagógico" contra este nuevo golpe contra la inmersión en las aulas catalanas, y ha explicado que los servicios jurídicos de la Generalitat están elaborando ahora el recurso de reposición que tendrán que presentar en el plazo de cinco días. En paralelo, ha recordado que desde Educación están trabajando un decreto para poder eludir la imposición de los porcentajes.

El conseller también ha cargado contra este nuevo auto, que es "aberrante a nivel pedagógico y jurídico", y que legitima a un tercero. Así lo ha dicho después de que hoy el TSJC haya emitido un nuevo auto que ordena a la Generalitat que ejecute de forma inmediata esta sentencia. El tribunal manda a Cambray que lo informe del cumplimiento de estas medidas en dos semanas. Además, requiere también a la Alta Inspección educativa que verifique el cumplimiento de las medidas e informe al tribunal. Esta decisión es consecuencia de la legitimación, en opinión del tribunal, de la asociación Asamblea Escuela Bilingüe que solicitó la ejecución forzosa.

El TJSC da 15 días

En su texto, el TJSC ordena: "Requerir al conseller de Educación de la Generalitat a fin de que, en el plazo máximo de 15 días, dicte las instrucciones y establezca las garantías de control de las mismas que ocurran a los efectos que al sistema educativo de Catalunya todos los alumnos reciban de manera efectiva e inmediata la enseñanza mediante la utilización vehicular normal de las dos lenguas oficiales en los porcentajes que se determinen, que no podrán ser inferiores al 25% en un caso y el otro; utilización que incluirá como mínimo la docencia de la misma lengua y la de otra asignatura o materia de carácter troncal o análogo, y que informe al Tribunal en el mismo momento que finalice el nuevo plazo de ejecución sobre las medidas adoptadas y el grado de cumplimiento de estas."