Junteros y cuperos argumentan que el artículo 126, el de la ponencia redactora, siempre se ha interpretado de manera "amplia"; por ello, presentan un listado con 41 ponencias de ley abiertas desde la quinta legislatura en las que, a su juicio, queda demostrado que el Parlament ha tenido este criterio amplio a la hora de permitir que se usara esta técnica legislativa. También sostienen que el consenso se puede producir más adelante. En más, subrayan que una ponencia redactora "busca el máximo consenso y participación en la elaboración de un texto", y no será hasta que no empiece el debate a la totalidad "cuando se ponga de manifiesto si se han conseguido los apoyos suficientes para su tramitación, y no antes".
En el texto de 12 páginas, las formaciones independentistas argumentan también que "la praxis parlamentaria muestra varios precedentes de constitución de ponencias conjuntas respecto de iniciativas ajenas a las materias propias del desarrollo básico del Estatut. Y esta praxis justifica la presentación de las solicitudes de creación de las ponencias que son objeto de este informe". Precisamente, éste había sido uno de los argumentos en contra utilizados por la oposición para intentar frenar esta fórmula, al considerar que sólo era viable para cuestiones que tenían un amplio consenso.
Hay que tener en cuenta que todos los grupos no independentistas ya han expresado por activa y por pasiva y desde el primer minuto que no piensan participar. En este sentido, JxSí y la CUP consideran que "el no ejercicio de un derecho, como es la participación de un grupo en una ponencia conjunta válidamente formalizada, no puede llevar a la paralización de la misma ni devenir condición necesaria", ya que si no ello "significaría el derecho de veto de un solo grupo con respecto a este procedimiento legislativo".