El grupo parlamentario de JxSí, junto con CSQP y la CUP, ha registrado en el Parlament una proposición de Ley para declarar nulos los consejos de guerra sumarísimos realizados en Catalunya durante el franquismo y las sentencias correspondientes producidas “por causas políticas” durante la dictadura. Concretamente, desde el 5 de abril de 1938, cuando se derogó el Estatut de Catalunya de 1932, y hasta diciembre de 1975. 

Una demanda que hace justo dos semanas puso sobre la mesa la Comisión de la Dignidad, quien lucha por la reparación a las víctimas del franquismo. La propuesta prevé también establecer un procedimiento administrativo para hacer efectivo el reconocimiento individual de la nulidad de cada proceso a los afectados a los familiares de las víctimas.

JxSí considera que el Parlament de Catalunya tiene que asumir esta responsabilidad porque "40 años después de la muerte del dictador Franco, el Estado español no ha llevado a cabo actos de estricta justicia como la anulación de los consejos de guerra sumarísimos llevados a cabo por el franquismo por motivos políticos, contra el propio presidente de la Generalitat Lluís Companys y miles de ciudadanos y ciudadanas".

La coalición independentista recuerda, además, que las Naciones Unidas han requerido varias veces a las instituciones del Estado español que reparen a las víctimas de aquellos procesos anulándolos, pero todavía no se ha hecho ningún paso desde el Estado para cumplir con estas peticiones. Por eso, se cree que “ha llegado el momento de asumir la responsabilidad histórica del Parlament de Catalunya, ante los ciudadanos y ciudadanas víctimas de aquellos procesos, reparando los abusos cometidos contra cuya legalidad judicial y procedimental la Generalitat era garante”.

Concretamente, el texto dice que se declaran "nulos y sin ningún efecto jurídico" todos los consejos de guerra sumarísimos y las correspondientes sentencias, instruidos por causas políticas en Catalunya por el régimen franquista.

Además, la propuesta prevé que el Departament de Justicia de la Generalitat de Catalunya emitirá a solicitud de los procesados o de sus familiares una certificación de la nulidad del procedimiento y sentencia correspondientes. De hecho, el texto incluye una disposición final donde se faculta el Govern de la Generalitat para establecer el procedimiento administrativo oportuno para el despliegue de este último apartado de la ley. "Este despliegue reglamentario se tendrá que hacer vía de una orden, en el plazo de tres meses a contar desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya", concluye la propuesta. 

Foto portada: JxSí /  Los diputados Montse Palau y David Bonvehi durante la reunió con la Comissión de la Dignidad