La decision de la CUP de abstenerse en un posible pleno de investidura de Jordi Sànchez no hará que JxCat cambie su decisión de defender la candidatura del expresidente del ANC a la presidencia de la Generalitat. No sólo eso, fuentes de JxCat han asegurado a El Nacional que este lunes la portavoz del grupo, Elsa Artadi, reclamará al presidente del Parlament, Roger Torrent, que convoque el pleno de investidura, aunque la decisión de la CUP podría dejar en minoría a los diputados independentistas ante el resto de grupos. En caso de que la investidura de Sànchez no prospere, estas fuentes no descartan volver a recuperar la candidatura de Puigdemont, que sí cuenta con el visto bueno de los cupaires, a pesar de las reticencias de Torrent a desobedecer las medidas cautelares del TC.

El presidente del Parlament ha anunciado que abrirá este lunes por la mañana la ronda de consultas con los grupos parlamentarios para abordar la posibilidad de proponer un nuevo candidato a la presidencia, tal como pidió el jueves pasado Puigdemont cuándo comunicó la voluntad de apartarse temporalmente y adelantó que JxCat defenderá la candidatura de Sànchez.

Desde JxCat se asegura que la decisión adoptada este sábado por el Consejo Político y el Grupo de Acción Parlamentaria de la CUP no cambia la propuesta que Puigdemont anunció, por lo cual reclamarán al presidente de la Cámara que convoque el pleno.

La decisión de la CUP deja la suma de JxCat y ERC con 66 votos. De estos, dos corresponden en Oriol Junqueras y Jordi Sànchez, que tendrán que delegar el voto, y dos más, en Carles Puigdemont y Toni Comín, que están en Bruselas y según las medidas cautelares dictadas por el TC no podrán delegar el voto. Por lo tanto JxCat i ERC pueden contar con 64 diputados, lo cual les deja en minoría ante el resto de grupos que, aparte de las cuatro abstenciones de la CUP, suman 65 escaños.

Esta situación no tiene que impedir, sin embargo, según JxCat, que el pleno se convoque. Eso obligará también a poner en marcha el proceso para reclamar al juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que permita a Sànchez, que se encuentra aprisionado en Soto del Real, que pueda asistir al debate de investidura. Las medidas cautelares que dictó el Tribunal Constitucional ante el recurso del gobierno español contra el pleno de investidura de Carles Puigdemont, dejaron claro que es imprescindible que el candidato esté presente en el hemiciclo para defender su programa de gobierno. Asimismo, se advirtió que no se podrían utilizar medios telemáticos ni que otro diputado asuma la defensa del programa.

En el caso de Puigdemont, las medidas cautelares buscaban cerrar el paso a su candidatura: no era suficiente con qué estuviera presente en el hemiciclo sino que, además, tenía que tener un permiso judicial para someterse a la votación, lo cual no era posible si previamente no se entregaba a la justicia española dado que sobre él pesa una orden de búsqueda y captura. Ante esta situación, el presidente del Parlament decidió en el último momento aplazar el pleno de investidura de Puigdemont alegando la necesidad de que fuera "efectivo y con garantías".

En cambio, la situación de Sànchez es bien diferente. Sus derechos como diputado se mantienen intactos y se encuentra ingresado en Soto del Real, por lo cual sólo depende del juez que se lo autorice a salir de la prisión. Sobre la decisión del juez pesará el precedente que marcó la Audiencia de Pamplona cuando el año 1987 permitió que un preso de ETA y diputado de HB, Joseba Azcárraga Yoldi, saliera de la prisión para defender su candidatura a lehendakari en el Parlamento vasco. Durante aquella jornada, Yoldi se movió con absoluta libertad por la Cámara de Vitoria.

En caso de que el juez no permita la salida de Sànchez o que la votación no se cierre con éxito, JxCat no descarta volver a poner el nombre de Puigdemont sobre la mesa, aunque hasta ahora se había señalado como tercer nombre el del conseller de Presidencia, Jordi Turull. Entonces, de nuevo, la pelota quedaría en manos del presidente del Parlament.