El Departament de Justícia tendrá que revisar antes del próximo 14 de julio la clasificación penitenciaria de los presos políticos. Mientras tanto, los presos podrán disfrutar de permisos y salidas para trabajar o hacer voluntariado en virtud del artículo 100.2.

De acuerdo con la legislación, la Generalitat está obligada a revisar la clasificación penitenciaria de los presos antes del 14 de julio, ya que se cumplen seis meses desde la última propuesta de las juntas de tratamiento para que se les concediera el tercer grado, que la justicia ha revocado justo este miércoles.

En segundo grado, los reclusos tendrán derecho a 36 días de permiso ordinarios anuales, ya que todos ellos han cumplido ya una cuarta parte de la condena que les impuso el Supremo. Además, mientras estén en régimen ordinario, la junta de tratamiento de Lledoners podrá facilitar la flexibilización penitenciaria de los presos mediante la aplicación del 100.2, que ya se los concedió en los meses de empezar a cumplir condena y que les permitía salir entre semana para trabajar al exterior o llevar a cabo labores de voluntariado.

Esta flexibilización penitenciaria no fue posible en julio del año pasado: el juzgado avaló entonces la semilibertad de los presos, pero lo suspendió a la espera de que el Tribunal Supremo se pronunciara sobre los recursos de la Fiscalía, lo cual dificultaba que se les pudiera aplicar el 100.2, ya que estaban formalmente clasificados en tercer grado.

Retorno a Lledoners

Después de que el juzgado de vigilancia penitenciaria de Barcelona haya revocado, de nuevo, el tercer grado a los presos políticos, el exvicepresident Oriol Junqueras, los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Quim Forn y Raül Romeva y Jordi Cuixart y Jordi Sànchez vuelven este martes por la noche a ingresar en la prisión, ya clasificados en segundo grado.

Los casos de Forcadell y Bassa

En los próximos días, el juzgado de vigilancia del que dependen las prisiones de Wad Ras y Puig de les Basses tendrá que decidir si mantiene el tercer grado en Dolors Bassa y Carme Forcadell: en la anterior ocasión, a diferencia de los presos de Lledoners, ambas disfrutaron del régimen de semilibertad hasta que lo revocó el Supremo.

Al volver al segundo grado u ordinario, los presos tendrán que hacer vida en el centro penitenciario, a pesar de que con derecho a comunicaciones telefónicas, visitas al locutorio y vis a vis con familiares, personas íntimas e hijos menores de diez años. También tendrán acceso a actividades voluntarias de formación y tratamiento y acceso a espacios comunes de la escuela, como instalaciones deportivas, culturales y ocupacionales.