"Presos políticos libertad". Es lo que ha gritado este martes por la noche el auditorio del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona. Varios juristas reconocidos se han reunido para denunciar la existencia de presos políticos en el Estado español. En un acto organizado por la Assemblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, presentado por la periodista Sílvia Cóppulo, han criticado lo que han considerado un uso del estado de derecho que escapa de los principios fundamentales del derecho. Lo han descrito como un "golpe al estado de derecho".
El acto ha empezado con una lectura de un manifiesto, impulsado por el Col·lectiu Praga después del encarcelamiento de los Jordis, que ya han suscrito más de 1.000 juristas. Lo han leído Abel Pié, decano del Colegio de Abogados de Manresa, y Mercè Barceló, catedrática de Derecho Constitucional a la UAB. El texto denuncia un "uso ideológico del derecho" por parte del Estado español. "Cuando fue escrito, sólo teníamos dos presos políticos. Este listado se ha visto desgraciadamente incrementado", ha lamentado Pié.
El catedrático de derecho penal de la UB, Joan Queralt, ha denunciado lo que considera un "auténtico fraude de ley". En este sentido, ha asegurado que "se han utilizado las leyes para machacar el derecho", hecho que ha degenerado en una "indefensión absolutamente brutal" de los encausados. "Si esto no es un golpe de estado, pocas cosas pueden serlo", ha reprochado refiriéndose a la buena fe procesal. "Nos están dando una lección, los pobres belgas," ha dicho.
En la misma línea, sobre el caso belga, Abel Pié ha subrayado que "estamos viendo un sistema de justicia donde realmente se están garantizando los derechos de las personas que están siendo juzgadas". Ha contrastado la "reflexión" de Bruselas, que se está tomando su tiempo, frente a la "precipitación" de Madrid.
El jurista italiano Fabio Marcelli, experto en derecho internacional, ha hecho referencia al artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que garantiza la libertad de expresión "sin injerencia de las autoridades públicos". En este contexto ha enmarcado el 1-O. La respuesta del Estado, ha criticado, ha sido "profundamente antidemocrática". Ha justificado que, en derecho internacional público, hay una "dialéctica" entre el derecho a la integridad territorial y el derecho a la autodeterminación los pueblos. "La integridad territorial no puede ser un fetiche con el que sacrificar las libertades democráticas". Ha exigido la liberación inmediata de los presos "para restablecer la democracia en Catalunya, España y Europa".
Sergi Blázquez, presidente de la asociación de juristas Drets, ha denunciado que se ha decretado la prisión preventiva a los Jordis, al vicepresidente del Govern y a los consellers sin ningún fundamento. "La diferencia fundamental entre la justicia belga y la española es que los que están en Bélgica están en libertad y se les garantiza el derecho de defensa, y los que están en España, no", ha afirmado Blázquez.
En nombre de las entidades, el vicepresidente del ANC, Agustí Alcoberro, ha constatado la perversión de la justicia española: "El derecho puede ser leído en el sentido contrario". También ha recordado que la Audiencia Nacional es un tribunal excepcional, heredero del Tribunal de Orden Público franquista. Por su parte, el líder accidental de Òmnium, Marcel Mauri, ha destacado la "sensación de indefensión" ante un Estado español que "nos persigue por lo que pensamos, lo que somos o lo que queremos ser".