Las asociaciones de abogados catalanes Compromesos y Drets, junto con otras entidades de juristas, han presentado este viernes por la mañana una petición delante de la Conselleria d'Interior para que suspenda la manifestación de sindicatos policiales de mañana en Barcelona.

En su escrito, argumentan que la convocatoria no está amparada por el derecho de concentración y manifestación de los cuerpos policiales, ya que va en contra de la neutralidad política que tienen que mantener los agentes públicos. Recuerdan que la manifestación no tiene como objetivo sólo reivindicaciones salariales, sino que tiene contenido político.

Como prueba, aportan el texto de la convocatoria que llamaba a homenajear los policías que actuaron en la operación del 1-O. "La actuación de policías y guardias civiles no puede ser objetivamente merecedora de ningún homenaje", explican, añadiendo que "tiene como finalidad celebrar una vulneración masiva de derechos de los ciudadanos de Catalunya y una actuación desproporcionada que está siendo investigada".

Miembros de las asociaciones han ido esta mañana a la conselleria a entregar la petición. Entre los firmantes, hay Juristes per les Llibertats, la Coordinadora de l'Advocacia de Catalunya, Juristes per la República, la sectorial de juristas de la ANC, la Associació d'Advocats 1-O, la Advocacia per la Democràcia y los Juristes pels Drets Humans del Maresme.

Manifestación ilegal

El colectivo de juristas Praga ya alertaba la semana pasada que esta manifestación era "ilícita", basándose en el artículo 1.3 de la Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Reunión y con los mismos argumentos que la denuncia presentada hoy a Interior.

La manifestación, convocada por el sindicato Jusapol dos días antes del 1-O, reivindica que los agentes "son merecedores de este reconocimiento público que, por varios motivos, se les ha negado". Bajo el lema "Por todo lo que hemos vivido juntos, por un objetivo común", empezará en Via Laietana y tiene previsto entregar a cada agente "un regalo conmemorativo como reconocimiento a su esfuerzo y entrega".

El coste de la operación Copérnico para detener el referéndum del 1-O ascendió a 87 millones de euros, con un despliegue estable de 4.500 efectivos que, en el caso de los días 30 de septiembre y 1 y 2 de octubre, llegó a los 6.000, según el entonces ministro de Interior Juan Ignacio Zoido.