A raíz de la crisis migratoria de Ceuta, Junts ha vuelto a registrar en el Congreso la proposición de ley para delegar en Catalunya las competencias para gestionar la inmigración. El grupo parlamentario que dirige Míriam Nogueras ha introducido cambios en el texto con respecto a la versión que el Congreso tumbó ahora hace un año con el voto en contra de Podemos, que veía motivos "racistas" detrás de esta ley. En esta ocasión, los de Carles Puigdemont han eliminado del preámbulo las expresiones más criticadas por la formación morada para tratar así de sortear su veto.
Los juntaires han reducido el preámbulo al mínimo imprescindible y han eliminado las partes donde se habla de "evitar posibles efectos que puedan representar un riesgo para la convivencia y la cohesión social". Así, Junts espera que ningún otro grupo parlamentario pueda "poner excusas" para rechazar la proposición de ley. En suma, el nuevo redactado del texto es más puramente técnico y se han eliminado las expresiones relativas a los derechos y deberes de los migrantes o a la cohesión de la sociedad de acogida, la lengua y la cultura del territorio que acoge, relato que puede generar más reticencias en Podemos.
Lo que no se ha cambiado de la proposición de ley es que la Generalitat de Catalunya asuma las competencias para autorizar estancias de larga duración o la residencia temporal de migrantes y la expedición del documento de identidad para extranjeros, de manera que la Administración catalana sea una "ventanilla única". También la cesión de la gestión de los centros de internamiento de extranjeros (CIE) en Catalunya, la competencia sancionadora en los procedimientos administrativos contra extranjeros —incluidas las devoluciones que no necesitan expediente— y que los Mossos d'Esquadra compartan con el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil la seguridad en puertos y aeropuertos. El pacto firmado con el PSOE incluye también que Catalunya determine los perfiles y contingentes de trabajadores contratados en origen y que se apliquen las medidas vigentes en materia lingüística.
En esta ocasión, Junts ha registrado el texto en solitario, sin el PSOE. Según ha detallado Míriam Nogueras esta mañana en declaraciones a los medios desde el Congreso, el texto es en el fondo "exactamente el mismo", y los socialistas saben que este es un compromiso "pendiente". Así, se ha mostrado convencida de que los diputados del PSOE apoyarán la proposición de ley. "El PSOE hace de PSOE, y parece que le gusta dilatar las soluciones. Como creemos que la ciudadanía no puede esperar más, ante la falta de decisiones del gobierno socialista, lo hacemos nosotros", ha valorado la diputada juntaire.
La jefa de filas de Junts en Madrid ha instado a los partidos que votaron no en su día que "tendrán que decidir si quieren seguir en el juego de titulares o empezar a hacer el trabajo". "Nosotros queremos tener todas las competencias para poder decidir las políticas que pueden empezar a dar un poco de aire a Catalunya", ha resuelto Nogueras este miércoles. La diputada también ha insistido en que Junts rechaza el reparto de menores migrantes provenientes de Ceuta y ha justificado que no es contra ellos, sino "contra la irresponsabilidad del Gobierno", que "no controla sus fronteras" e impulsa "regularizaciones extraordinarias de manera unilateral".
La crisis migratoria en Ceuta, nuevo detonante
Junts ha recuperado este agosto la propuesta de delegación de competencias en Catalunya, coincidiendo con la crisis migratoria en Ceuta. Los de Carles Puigdemont sostienen que la irrupción masiva de 80.000 migrantes por la frontera con Marruecos el pasado 30 de julio muestra que el Estado no es capaz de gestionar las fronteras y, por ello, insisten en que Catalunya disponga de todas las herramientas para definir su propia política migratoria. Nogueras argumentó al día siguiente del incidente en Ceuta que, sin que la Generalitat tenga este control, la extrema derecha seguirá creciendo. Puigdemont también atribuyó "incompetencia" al Ejecutivo de Pedro Sánchez y el secretario general, Jordi Turull, avisó de que la "negligencia" lleva al miedo que incita a "pensamientos y conductas racistas".
PP, Vox y Podemos vetaron la ley en 2025
A principios de 2025, el PSOE y Junts llegaron a un acuerdo para el traspaso de las competencias en inmigración a Catalunya, después de largas negociaciones. Sin embargo, el Congreso tumbó la iniciativa en septiembre, en el primer debate, de modo que la ley no llegó a tramitarse. El texto recibió el previsible voto en contra de PP y de Vox, pero los escaños clave fueron los de Podemos, que se desalinearon una vez más del Gobierno y los socios habituales y votó en contra. Los de Ione Belarra e Irene Montero denunciaban que la argumentación para justificar la ley era racista. Desde entonces, los juntaires y la formación morada han mantenido conversaciones discretas en torno al texto.