La cuestión del Tribunal de Cuentas se respiraba hoy en el Congreso de los Diputados. No en balde, hoy había citados una cuarentena de excargos de la Generalitat por su supuesta responsabilidad en la acción exterior de la Generalitat. Y la Abogacía del Estado está bien involucrada. Es por eso que desde Junts per Catalunya reclaman a Pedro Sánchez su retirada. El presidente descartó ayer, en una entrevista a la SER, dar ningún tipo de instrucción. También aseguró que "respetará" lo que resuelva este órgano administrativo. Todo esto, el mismo día que Sánchez recibirá al president Pere Aragonès en La Moncloa.
En rueda de prensa desde el Congreso este mismo martes, Míriam Nogueras ha anunciado una proposición no de ley, tanto en el Congreso como en el Senado, que insta al Gobierno a "retirar la Abogacía del Estado de las causas abiertas ante el Tribunal de Cuentas" para "facilitar una solución política dialogada entre Catalunya y España". La portavoz de Junts en la cámara baja ha denunciado que se trata de un "organismo absolutamente politizado, parcial y arbitrario" que actúa de forma selectiva contra el independentismo.
Por su parte, Ferran Bel ha reclamado una reforma del Tribunal de Cuentas. Ha calificado de "ridículas" las imputaciones del organismo, y ha asegurado que sus actuaciones no pueden seguir "con un tribunal caducado, absolutamente politizado y con unos objetivos clarísimos". El portavoz del PDeCAT en el Congreso ha apuntado que "el Gobierno ya sabe lo que tiene que hacer" y ha advertido que "según qué posición de la Abogacía del Estado será difícil de entender".
En las últimas horas también se han sumado voces del mismo ejecutivo central. Primero fue el socialista José Luis Ábalos hablando de "piedras en el camino" del diálogo. Ayer la ministra de Igualdad, Irene Montero, fue un paso más allá y apostó por "eliminar" obstáculos que impiden el camino de la política, poniendo el caso de las causas del Tribunal de Cuentas. Hoy en rueda de prensa, la diputada Aina Vidal, de los comunes, ha apostado por "estudiar todas las vías de desjudicialización posibles".
Las fianzas
El informe, de 504 páginas, desglosa los gastos y la fianza que se consigna a cada uno de los acusados. La persona a quien se le ha impuesto una fianza más elevada es Albert Royo, exsecretario general del Diplocat. El importe que le piden supera los 3,6 millones de euros. Por otra parte, el político que tendrá que abonar una fianza más elevada es Francesc Homs, quien fue conseller de Presidència del 2012 al 2016. Al president Artur Mas se le pide consignar una fianza de 2.803.115,96 euros. Es la de mayor cuantía de un cargo institucional y el más perjudicado en el informe del Tribunal de Cuentas, junto con el exconseller de Economía Andreu Mas-Colell, a quien también le piden 2.803.115,96 euros.
Por debajo de Mas y Mas-Colell está el exconseller de Exteriores Raül Romeva. La fianza que se fija para él es de 2.108.818,32 euros. Al president Carles Puigdemont el Tribunal de Cuentas le pide 1.981.454,47 euros y al exvicepresident y conseller de Economía Oriol Junqueras, 1.980.395,68 euros.