El Congreso de los Diputados deberá validar el acuerdo entre el PSOE y Esquerra Republicana sobre la nueva financiación autonómica que sellaron este jueves Pedro Sánchez y Oriol Junqueras. Para que el Gobierno consiga la mayoría absoluta de la cámara baja necesita los votos de los siete diputados de Junts per Catalunya. Sin embargo, los juntaires ya llevan días avisando de que no aceptarán ninguna propuesta que sea una rebaja al modelo de concierto económico que tiene el País Vasco. De hecho, lo han hecho los cuatro vicepresidentes del partido. Primero, el pasado miércoles con Míriam Nogueras y Mònica Sales; el jueves, con Josep Rius; y, finalmente, este viernes con Antoni Castellà, que ya ha entrado en el fondo del acuerdo entre el PSOE y Esquerra Republicana. El también diputado en el Parlament de Catalunya ha planteado una enmienda a la totalidad al redactado que se presente en el Congreso y ha ofrecido un texto alternativo que incluya "transitar" hacia un modelo de concierto económico. "Esta ley es compatible con tener un modelo explícito singular para Catalunya. Es posible coger la Ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas (LOFCA) y, con una adicional, hacer una excepción para Catalunya para que pueda salir del régimen común y establecer las condiciones para tener un concierto económico", ha explicado Antoni Castellà.

Los juntaires insisten en un modelo vasco para Catalunya y, por ello, ha instado a Esquerra Republicana a "reconducir" este modelo hacia el concierto durante los trámites parlamentarios. "ERC ha votado con nosotros hasta cuatro veces en el Parlament de Catalunya la defensa del concierto económico para Catalunya. "También es lo que votó la militancia y el motivo por el cual fue investido el president Illa", ha dicho Castellà, que defiende que la Generalitat asuma la "capacidad normativa, de gestión y recaudación de todos los impuestos generados en Catalunya y, a partir de aquí, establecer una cuota por los servicios prestados del Estado. "La solidaridad la debe poder decidir la Generalitat, porque si no es expolio. Los impuestos de los catalanes, para los catalanes", ha defendido el dirigente juntaire. “Hace cincuenta años, en la transición, Catalunya no consiguió el concierto. Hoy, el catalanismo y el independentismo tienen una capacidad de condicionar al Estado que no habían tenido nunca”, ha declarado.

Según Castellà, el pacto no supone ningún cambio estructural para Catalunya y se limita a una actualización del sistema vigente, que perpetúa el déficit fiscal y mantiene el país dentro del régimen común de la LOFCA. Castellà ha señalado que el aumento de recursos anunciado responde únicamente a la actualización del IPC acumulada en los últimos quince años y al incremento general de la recaudación del Estado. “El Estado pone más dinero en la caja y a Catalunya le toca la parte proporcional”, ha resumido, advirtiendo que esto no implica recuperar “ni un solo euro” del déficit fiscal catalán. En este sentido, ha afirmado que las explicaciones de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, “confirman todo lo que advertimos ayer”.

 

Junts denuncia que no se tiene en cuenta el nivel del coste de la vida en la nueva financiación

Según Junts, el acuerdo no saca a Catalunya del régimen común ni introduce ninguna singularidad. “Catalunya sigue siendo una comunidad autónoma más, no salimos del café para todos”, ha dicho Castellà, que ha denunciado que el reparto de los recursos se mantiene bajo los mismos criterios de financiación horizontal y vertical que hasta ahora. En cuanto a la financiación horizontal, Castellà ha criticado que se siga aplicando el criterio de la población ajustada, que, según ha remarcado, perjudica sistemáticamente a Catalunya. “No cuentan los ocho millones de catalanes, sino que se les ajusta, y aquí siempre perdemos”, ha afirmado. Los criterios, como los kilómetros cuadrados, la densidad de población, el envejecimiento o los parados sin prestación, se mantienen, con posibles cambios de porcentajes, pero sin introducir un elemento clave para Junts: el coste de la vida. “No se introduce el nivel de precios al consumo, que en Catalunya es mucho más elevado que en el resto del Estado”, ha lamentado.

En cuanto a la financiación vertical, Castellà ha destacado que la ministra ha admitido que el Estado no reduce su capacidad financiera, ya que los recursos provienen del aumento de la recaudación. De los 18.000 millones de euros que se incorporan al sistema, una parte “ya son dinero de los catalanes” y se reparten con un modelo “muy similar al actual”. Además, ha advertido que el énfasis en una mayor solidaridad interterritorial “nos perjudica” y que el nuevo criterio del “coste fijo”, pensado para ayudar a comunidades con problemas de crecimiento, tampoco beneficia a Catalunya.

Castellà avisa que sin las balanzas fiscales no se podrá saber si se cumple la ordinalidad

Otro de los puntos más criticados por Junts es la falta de garantías sobre la ordinalidad. Castellà ha denunciado que, sin la publicación de las balanzas fiscales, no se podrá verificar si Catalunya mantiene su posición relativa antes y después de la redistribución. “Junqueras dijo que la ordinalidad estaría garantizada, pero hoy ya habla de ‘tendemos a la ordinalidad’. Si no aparece en la ley y no hay datos transparentes, nunca lo sabremos”, ha advertido. Sobre las competencias homogéneas y específicas, el dirigente de Junts ha recordado que ya existían en el modelo actual y ha criticado que se calculen a partir del coste medio estatal, sin tener en cuenta que el nivel de vida en Catalunya es más alto.

Castellà ha reconocido como únicos avances menores el aumento del porcentaje de participación en algunos impuestos, del 50% al 55% en el IRPF y del 50% al 56% en el IVA, pero ha subrayado que no se ha hablado de capacidad normativa. También ha restado importancia al paso de anticipos a un sistema de caja única, que ha calificado de "simple mejora de tesorería". "La letra pequeña confirma que no hay ni modelo singular, ni concierto económico, ni llave de la caja", ha concluido, en referencia a los compromisos que, según Junts, asumió el presidente Salvador Illa en su investidura. Según Castellà, el nuevo modelo continúa impidiendo recuperar los entre 22.000 y 29.000 millones de euros anuales de déficit fiscal estimado. Finalmente, en cuanto a la condonación de la deuda del Fondo de Liquidación Autonómico, el dirigente juntaire ha advertido que "no hablarán" si el gobierno español decide incluirlo en un decreto "tutti frutti", en el que puedan aparecer más elementos sobre la financiación y que se tenga que votar todo de golpe.