Junts per Catalunya ha vuelto a poner sobre la mesa una demanda histórica: modificar la normativa para que los ayuntamientos de Catalunya puedan actuar de manera efectiva en las urbanizaciones “no recepcionadas”, es decir, aquellas que no han sido regularizadas por los consistorios y sufren graves déficits urbanísticos y de servicios básicos. En una rueda de prensa en el Parlament, la secretaria de Organización de Junts, Judith Toronjo, ha alertado de que, según datos oficiales, en Catalunya hay cerca de 1.500 urbanizaciones, y casi la mitad no están regularizadas por los ayuntamientos.
Ante esta situación, la alcaldesa de Maçanet de la Selva (la Selva), Natàlia Figueras, ha subrayado la urgencia de encontrar soluciones estructurales y no “parches parciales”, porque las normativas actuales impiden a los consistorios intervenir para paliar los déficits. Figueras ha explicado que muchas de las personas que viven en estos núcleos no tienen una red de alcantarillado digna, o algunos severos problemas de abastecimiento de agua y suministro eléctrico “de manera normal u ordinaria”. Esta falta de servicios, ha añadido, genera tensiones sociales y desigualdades: se trata de barrios que han nacido en suelo urbanizable, a menudo en zonas más alejadas del tejido urbano, pero que han quedado en una especie de limbo legal.
Amnistía normativa
La solución propuesta desde Junts pasa por una amnistía normativa o por dar a estas urbanizaciones una casuística propia dentro de la legislación. Tal como señala Figueras, lo que piden es que se les facilite la recepción de estas zonas, o que el ayuntamiento pueda obtener la titularidad para poder invertir en ellas. Sin esto, dicen, no hay manera de actuar: “No nos bastan con reformas parciales”, ha afirmado, “necesitamos instrumentos que nos permitan regularizar completamente estos núcleos y dotarlos de infraestructuras, para garantizar que la gente tenga los mismos derechos que en cualquier otro barrio”. También reclama una apuesta clara en financiación: es necesario que la administración central y la catalana comprometan recursos para que los vecinos de estas urbanizaciones puedan tener servicios dignos y sin tener que soportar costes desproporcionados.
Este debate, sin embargo, no es nuevo. Según datos del Departament de Territori, en la actualidad el inventario oficial registra 1.433 urbanizaciones en Catalunya, de las cuales más de 730 no han sido recepcionadas. En cuanto a la distribución territorial de estas zonas problemáticas, algunos estudios y mapas públicos señalan claramente las comarcas más afectadas. Las comarcas con más núcleos pendientes son la Selva, el Maresme, el Baix Empordà y el Vallès Oriental. Estas comarcas costeras y de segunda corona metropolitana concentran muchos de los núcleos dispersos con déficits.
El problema, según Junts, radica en que las actuales leyes no permiten a los ayuntamientos asumir totalmente estos espacios como barrios con derecho completo a servicios. Esto abre la puerta a discriminaciones estructurales: si no se regularizan bien, estos núcleos no pueden acceder a las mismas infraestructuras que otras zonas urbanas. Por ello, exigen una reforma legal que incluya una amnistía, y la posibilidad de que la administración local adquiera la titularidad de las calles, viales y sistemas básicos, para así llevar a cabo inversiones.