Junts exige responsabilidades al Govern después de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) haya anulado seis sanciones impuestas a Cabify y a tres empresas vinculadas a su actividad por un importe total de 547.520 euros. El diputado de Junts en el Parlament Joan Canadell ha registrado una batería de preguntas para reclamar explicaciones sobre las causas que llevaron a la Inspección de Trabajo a superar el plazo máximo legal para completar las actuaciones inspectoras.
La sentencia del TSJC da la razón a las empresas sancionadas, que alegaban que la Generalitat había tardado 17 días más de lo que permite la normativa en remitir las actas infractoras y en finalizar el procedimiento. Los magistrados consideran que las actuaciones inspectoras se alargaron durante nueve meses y 17 días, una vez descontado el periodo de suspensión derivado de la pandemia de la covid, y concluyen que se había superado el plazo máximo de nueve meses establecido legalmente. Los hechos se remontan al 11 de marzo de 2020, cuando la Inspección de Trabajo de la Generalitat inició una investigación en el aeropuerto de El Prat sobre el funcionamiento del sistema de conductores de Cabify. La investigación concluyó que la empresa de movilidad operaba mediante una red de sociedades —JT Hiring, Proinvertia Madrid y López Rubio Grand Class— que gestionaban las flotas de conductores mientras los clientes eran captados por Cabify.
La Inspección determinó que había una cesión ilegal de trabajadores y calificó los hechos de falta muy grave. Las sanciones anuladas incluyen dos multas a Cabify, de 143.754 y 100.006 euros; otra de 143.754 euros a López Rubio Grand Class; una de 100.006 euros a Proinvertia Madrid, y dos más a JT Hiring, de 25.000 y 35.000 euros. El procedimiento, sin embargo, quedó condicionado por el estallido de la pandemia. Tres días después de la primera visita inspectora, el Gobierno español decretó el primer estado de alarma y las actuaciones quedaron suspendidas entre marzo y junio de 2020. Una vez descontado este periodo, el TSJC considera que la Inspección superó igualmente el plazo legal en 17 días.
Ante esta situación, Canadell reclama al Govern que explique por qué se produjo el exceso de plazo, cuántos días se superó exactamente y si la Administración había detectado previamente el riesgo de que el expediente pudiera caducar. "No puede ser que una deficiencia en la tramitación administrativa acabe dejando sin efecto sanciones por valor de más de medio millón de euros. El Govern debe explicar qué falló, por qué falló y quién asume las responsabilidades", ha afirmado el diputado de Junts.
Junts pregunta si habrá recurso
El diputado independentista también quiere saber si se produjo algún error, negligencia o deficiencia en la gestión del expediente y si la Generalitat ha abierto, o tiene previsto abrir, una investigación interna para determinar las causas y las eventuales responsabilidades. En paralelo, reclama que el Govern concrete qué responsabilidades políticas asume por una actuación administrativa que ha acabado comportando la anulación de las sanciones. Una de las cuestiones que Junts plantea es si la Generalitat piensa recurrir contra la sentencia ante el Tribunal Supremo y, en caso afirmativo, qué argumentos jurídicos utilizará.
Canadell también pide al Govern datos sobre el número de expedientes sancionadores de la Inspecció de Treball que han quedado sin efecto desde 2020 por caducidad o por superación de los plazos, así como el importe total de las sanciones afectadas y su desglose por años. Junts quiere conocer, específicamente, si ha habido otros casos relacionados con Cabify, Maxi Mobility Spain o empresas vinculadas que hayan quedado sin efecto por cuestiones procedimentales.
El diputado recuerda que ya había habido pronunciamientos judiciales anteriores relacionados con el cumplimiento de los plazos de las actuaciones inspectoras y reclama saber qué medidas adoptó entonces la Generalitat para evitar que se repitiera una situación similar. "Los antecedentes judiciales obligaban el Govern a reforzar los mecanismos de seguimiento y control de los plazos. Hay que saber si se modificaron los protocolos internos y, si se hizo, por qué no han funcionado", ha señalado Canadell. Finalmente, Junts reclama que el Govern explique qué medidas piensa adoptar para garantizar que las infracciones detectadas por la Inspecció de Treball, especialmente las calificadas de muy graves, no acaben quedando sin sanción por errores en la tramitación o por el incumplimiento de los plazos administrativos.