La regularización de la situación de personas migradas en el Estado español el año 2004 tuvo un impacto positivo en los ingresos públicos. En concreto, la acogida y regularización de cada persona con el gobierno de Zapatero, el año 2004, implicó un aumento de los ingresos públicos anuales entre 4.000 y 5.000 euros por individuo, a partir de los impuestos sobre la nómina.

Así lo ha demostrado el estudio de Joan Monràs, profesor del Departamento de Economía y Empresa de la UPF y de la Barcelona GSE, Javier Vázquez, de la Universidad de Barcelona, y Ferran Elias, científico de datos en Ocado Technology, los cuales han querido estudiar los efectos de la regularización de personas migradas en los ingresos públicos y en el mercado laboral.

En este caso, se analizó el proceso de legalización que se produjo con la llegada repentina del ministro socialista José Luis Rodríguez Zapatero en el Gobierno el año 2004, el cual implicó 600.000 migrantes extracomunitarios. "El cambio de política aumentó las oportunidades del mercado laboral para los migrantes al permitirles entrar en sectores de la economía con menos empleo informal", sostienen a los autores del estudio. Al mismo tiempo, demuestran que el Estado aumentó sus ingresos y tuvo que asumir "importantes pérdidas" por los permisos que no dio.

Efectos en el mercado laboral

Lo primero que demuestra el estudio es que el cambio en la política del gobierno no provocó un aumento en la llegada de personas migradas. "La amnistía comportó un cambio en el estatus de las personas que se acogieron, más que no una variación en el número total de migrantes", exponen a los investigadores.

El estudio se centra en el caso concreto de las trabajadoras del hogar y observa como algunas de estas personas, muchas veces mujeres y precarizadas, se movieron hacia otros sectores mejor remunerados al mercado laboral formal después de seis meses de la regularización de sus permisos de trabajo.

"Una parte de la política era luchar contra la informalidad", explica Monràs. La política del gobierno incentivó la formalización de los contratos, a la vez que estos se volvieron más caros. Eso redujo las contrataciones, hecho que afectó al conjunto de trabajadoras, tanto nativas como recién llegadas, dedicadas a las tareas de cuidado. "Trabajar fuera del mercado negro encarece el trabajo y entonces hay menos gente que contrata, o bien contratan menos horas", aclara el investigador.

El estudio también pone de manifiesto que esta menor contratación tuvo un ligero impacto en la ocupación de las mujeres, muchas veces cualificadas, que trabajaban en otros sectores. En concreto, un 3% de estas mujeres dejaron de trabajar o pasaron a trabajar menos horas, porque empezaron a asumir las tareas de sus propios hogares, según interpretan los investigadores. El resto de trabajadores con perfiles formativos diferentes de aquellos de los migrantes se vieron beneficiados por la política, tal como muestra el estudio.

La regularización de los contratos de las personas migradas también hizo que empezaran a contribuir a la seguridad social. El estudio demuestra que los ingresos públicos a escala local (provincial) aumentaron a partir de esta política en torno a 4.189 euros por persona. Al mismo tiempo, la mitad de estas personas, según los expertos, pudieron obtener contratos formales y mejores condiciones laborales.

 

Foto principal: Un joven se manifiesta para pedir la regularización de las personas migradas en situación irregular. / ACN

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