La línea roja que marcó al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en la negociación con ERC y Junts sobre la ley de amnistía, que se mantengan como excepción los delitos de terrorismo con sentencia firme, se puede volver contra el PSOE como un boomerang. ¿"Piensan negociar los presupuestos del Estado con acusados de terrorismo"? se preguntan fuentes conocedoras de la trastienda de la negociación en la recta final de las conversaciones entre los independentistas catalanes y el gobierno de Pedro Sánchez para blindar la ley ante la ofensiva de la derecha y la extrema derecha política y judicial. La comisión de justicia del Congreso de los Diputados debatirá el martes las enmiendas a la proposición de ley del PSOE sobre la amnistía. Es el último trámite antes de retornarla al pleno de la Cámara Baja española con el nuevo redactado para que reciba luz verde -previsiblemente el próximo día 30- y sea remitida al Senado, donde se espera que el PP la retendrá todo el tiempo que pueda.
Una parte de las enmiendas han sido acordadas entre todos los socios del Gobierno, Sumar, ERC, Bildu, PNV y BNG, además del PSOE, y avaladas por Junts para seguir negociando. En concreto, se han introducido 8 modificaciones al texto base. Pero tanto los juntaires como los republicanos mantienen vivas sus enmiendas sobre la exclusión del terrorismo como amnistiable si hay sentencia firme (artículo 2, apartado d) y la suspensión de la amnistía si se eleva una consulta prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el TJUE (artículo 4 de la proposición de ley). Durante este fin de semana se espera que haya negociaciones entre Junts, ERC y el PSOE, especialmente sobre estos puntos del articulado de la ley.
Junts y ERC piden que se suprima la excepción de los delitos de terrorismo e intentarán llegar a una enmienda acordada sobre la cual buscarán también la entente con el PSOE. El planteamiento de Junts es que incluir el terrorismos con sentencia firme como excepción tiene visos de inconstitucionalidad porque vulnera la igualdad legal con el resto de supuestos para la amnistía, que no contemplan este requisito, dentro de la propia ley. Los juntaires también recuerdan que no cabe obligación jurídica de exceptuar el terrorismo a la amnistía y alertan que, hacerlo, tal como figura ahora en el redactado de la proposición de ley, invita a reactivar procesos con acusaciones de terrorismo. Es precisamente lo que ha hecho el juez Manuel García-Castellón en el caso del Tsunami, en el que ha formulado esta imputación contra 12 independentistas catalanes entre los cuales el presidente Carles Puigdemont y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, los dos exiliados, por las protestas contra la sentencia del 1-O en el aeropuerto de El Prat. También se verían afectados los CDR de la denominada Operación Judas. En total, unas 26 personas relacionadas con el procés serían acusadas de terrorismo.
Los socialistas, el gobierno y el Estado
Las fuentes creen, sin embago, que Puigdemont y Rovira no se verían afectados, porque difícilmente los jueces de Bélgica y Suiza aceptarían la acusación de terrorismo contra ellos para entregarlos a la justicia española, pero sí que lo harían con todo el resto de activistas encausados. Por eso, entienden que el PSOE y Bolaños, singularmente, yerran cuando se niegan a suprimir la excepción del terrorismo, delito en el que no se ha incurrido en ningún caso a lo largo de todo el procés independentista. Si, a pesar de ello, son procesados por esta acusación -como pretende García-Castellón- las consecuencias políticas para el PSOE son obvias: ¿piensan reunirse los socialistas en el extranjero con prófugos acusados de terrorismo? "Los socialistas son gobierno pero no son Estado", argumentan las fuentes, con referencia a las maniobras judiciales para hacer descarrilar la amnistía que se podrían ver facilitadas si no se varía el redactado final de la proposición de ley tal y como está ahora planteado.
¿Cuál sería, pues, la posible solución de los negociadores? Si el PSOE finalmente se niega a suprimir la mención del terrorismo como excepción a la amnistía desde el independentismo se planteará suprimir la condición de la condena con sentencia firme y concretar en el articulado y en la exposición de motivos de la ley qué se entiende por terrorismo, de manera que se aleje toda posibilidad en la práctica de poder aplicar este supuesto a los encausados por el procés y que los afectados no sean amnistiados. Habría que evitar, sin embargo, que ello se aplique después de sentencia, por el riesgo de que la valoración de pruebas en juicio deje la determinación de si se trata o no de terrorismo al arbitrio de jueces abiertamente contrarios a la amnistía. Las conversaciones entre Junts y ERC, que continuarán este fin de semana, se orientarán sobre estas líneas de trabajo.
Por otro lado, el PSOE y el resto de sus socios sí que aceptaron a Junts exceptuar de la amnistía los delitos contra la comunidad internacional del título XXIV del Libro II del Código Penal (genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra), lo cual busca reforzar la ley ante su más que probable revisión por la justicia de la UE. Los juntaires reclaman también introducir los delitos que afectan a los intereses financieros de la UE y suprimir los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa Nacional según el título XXIII del libro II del Código Penal.
El riesgo de una "amnistía en diferido"
El segundo gran objetivo de los negociadores independentistas es impedir que los jueces puedan bloquear la amnistía planteando prejudiciales al TJUE con carácter suspensivo: es decir, que, por ejemplo, obliguen a mantener a los acusados en prisión hasta que no se resuelvan. Mientras se discute la competencia del tribunal, a la cual alude el reductado actual, el juez podría seguir tramitando el procedimiento -y esquivando la aplicación de la amnistía. Es lo que las fuentes denominan el riesgo de aprobar una "amnistía en diferido", es decir, condicionada en su aplicación al pronunciamiento de otros tribunales.
Las fuentes no descartan que muy pronto el juez García-Castellón cite a declarar y/o dicte órdenes de prisión contra los acusados en el caso del Tsunami. Por eso, Junts y ERC proponen enmendar el artículo 4 de la ley, en lo referente a los efectos sobre la responsabilidad penal, para que se levanten los encarcelamientos, las órdenes de búsqueda y captura o las medidas cautelares tan pronto como sean amnistiados los afectados incluso si las decisiones son objeto de prejudiciales ante la justicia europea, que se da por hecho que se presentarán. De hecho, un grupo de juristas ya anima públicamente a hacerlo con manual de instrucciones incluído.