Junts per Catalunya ha confirmado que sus cuatro diputados en el Congreso votarán en contra de los presupuestos generales del Estado de 2022. La portavoz de Junts en la cámara baja, Míriam Nogueras, ha denunciado en rueda de prensa este miércoles por la tarde que en estos últimos tres años se ha demostrado que el pactismo del PSOE es "humo". "Estamos retrocediendo y no nos podemos permitir volver a equivocarnos", ha advertido Nogueras, que ha insistido en pedir "unidad" al independentismo. La diputada ha criticado que "mercadear" con la lengua —en referencia al acuerdo del ejecutivo español con ERC sobre la ley audiovisual— "solo beneficia al PSOE, que salva los presupuestos, pero no blinda la lengua catalana."

"Solo hay una manera de salvar nuestra lengua, nuestra cultura y nuestro país y es materializar la independencia", ha asegurado Nogueras, que ha argumentado que la protección del catalán "no es una partida presupuestaria" y "no es ninguna concesión, sino una obligación". La portavoz de Junts ha esperado "unidad" del independentismo para defender la lengua en el sector audiovisual así como el catalán en las escuelas. "El mismo día que se pacta el audiovisual, el Supremo se carga la inmersión lingüística", ha criticado.

Según JxCat, el Gobierno lleva un "vestido de progresista", pero a la hora de la verdad acaba votando a favor de situar la cúpula judicial "en manos de la ultraderecha". Nogueras ha dicho que hay que dejar de dar tantas oportunidades al PSOE, que "hace tiempo que ha decidido que la unidad de España es mucho más importante que el bienestar de los catalanes".

Nogueras también ha criticado que el Gobierno rechazara su enmienda, que se aprobó con los votos de la oposición, sobre crear un fondo covid de 9.000 millones de euros. Fuentes de JxCat han defendido que es una enmienda que se puede ejecutar y han explicado que el Gobierno no ha presentado ningún voto particular para retirarla del dictamen de los Presupuestos Generales del Estado.

¿Qué dice el Gobierno?

El Gobierno cree que la sentencia del TSJC que obliga a la Generalitat a impartir un 25% de clases en castellano "se tiene que ejecutar" como todas las sentencias, "porque es firme", pero ya adelanta que no lo solicitará expresamente, porque considera que quien tiene que pedir el cumplimiento es el mismo TSJC, y no el ejecutivo español. Así lo han apuntado este miércoles fuentes del Ministerio de Educación y también las ministras de Justícia y de Política Territorial, Pilar Llop e Isabel Rodríguez. Una vez las sentencias son firmes, sostienen, toca hacer que se ejecuten al tribunal sentenciador y no al Gobierno.

Por otro lado, el grupo parlamentario de Junts en el Congreso de los Diputados ha preguntado al Gobierno si tiene pensado aplicar el 155 lingüístico que proclama el líder de la oposición y del PP, Pablo Casado. En una batería de preguntas presentada en la Mesa de la cámara baja española, Junts también pide al ejecutivo si tomará "represalias" contra políticos y responsables de centros educativos que "se nieguen a implantar el bilingüismo" en la enseñanza. En otra de las preguntas pide si el gobierno estatal piensa utilizar las sentencias del Tribunal Supremo y del TSJC para "sustituir" el modelo educativo en Catalunya, "en contra del enorme consenso social con el que cuenta".