El pleno del parlamento islandés (Alþingi) ha aprobado este miércoles tramitar una propuesta de resolución que condena "la respuesta del gobierno de España al referéndum de independencia de Catalunya, incluidas las detenciones de políticos catalanes" y el juicio al procés. La propuesta pasó sin réplicas en contra y en presencia del gobierno de la isla. Ahora lo estudiará la comisión de asuntos exteriores de la cámara, que decidirá si la modifica y devuelve al plenario para su aprobación final.

La propuesta la defendió la diputada Álfheiður Eymarsdóttir, del Partido Pirata (Píratar), el grupo que la presentó la primera semana de diciembre de 2018. Eymarsdóttir explicó que Islandia, "pese a ser una nación pequeña, es también un garante de derechos humanos en el mundo. Nos miran de todas partes y esperamos que este sea el primer paso para que esta condena resuene por todo el mundo".

"Son presos políticos"

La diputada pirata citó por su nombre a todos los encausados catalanes como "colegas" y los consideró "presos políticos", mientras se dirigía a cada uno de los miembros del gobierno islandés presentes, emparejándolos con los consellers de su mismo ramo, preguntándoles si podían imaginarse ellos mismos encarcelados por sus ideas políticas.

En defensa de la propuesta de condena hablaron dos diputadas más: Rósa Björk Brynjólfsdóttir, del Movimiento de Izquierda-Verde (Vinstri Græn, el partido de la primera ministra Katrín Jakobsdóttir), y Þórhildur Sunna Ævarsdóttir (Piratas). Brynjólfsdóttir es también miembro de la comisión de asuntos exteriores, que seguirá el trámite de la resolución, y presidenta de la delegación de Islandia en la asamblea parlamentaria del Consejo de Europa. Se ha informado de la situación con el consejero de Exteriores, Alfred Bosch. Ævarsdóttir es presidenta del comité Jurídico y de los Derechos Humanos del Consejo de Europa.

Las tres diputadas, especialmente Ævarsdóttir, insistieron en que no podían entrar en sí es o no legítimo que Catalunya sea independiente, a la vez que recordaron que "el derecho de autodeterminación está reconocido internacionalmente". "La moción versa sobre si el Estado español ha vulnerado los derechos humanos al perseguir una idea política". El propósito de la resolución es "denunciar los abusos de países democráticos que no aplican reglas democráticas y proteger los derechos humanos", de cuya defensa "Islandia hace bandera".

De hecho, el texto de la resolución especifica que "no apoya la causa de la independencia de Catalunya, sino que es un recordatorio serio al gobierno [español] de que todo el mundo tiene derecho a servir a sus votantes sin arriesgarse por eso a perder su libertad".

La resolución

La resolución propone al gobierno de Islandia "que condene la reacción del gobierno de España al referéndum de independencia de Catalunya, incluidas las detenciones de los políticos catalanes".

Explica que "el 6 de septiembre del 2017, el Parlament de Catalunya aprobó una ley que autoriza el referéndum de independencia de España. El Tribunal Constitucional español la anuló el 7 de septiembre. La votación, no obstante, se celebró el 1 de octubre de 2017, a pesar de los intentos reiterados de las autoridades españolas de prevenirlo, a menudo con violencia. El resultado quedó claro, sin embargo: el 92,01% de los votantes dijo sí a la pregunta que se les hacía: ¿'Quiere que Catalunya sea un estado independiente en forma de república'?". Añade que, según las autoridades españolas, el referéndum "violaría la constitución del país y, por lo tanto, no tenía sentido".

"Desde que se celebró el referéndum", sigue, "se han dictado órdenes de arresto contra numerosos políticos en Catalunya y al menos nueve de ellos han sido encarcelados en España durante meses sin formación de causa. Entre ellos está la expresidenta del Parlament de Catalunya. Otras personas están en el exilio y corren el riesgo de ser arrestadas si regresan a su casa".

Un debate tranquilo

El debate de este miércoles duró cerca de media hora y se desarrolló con tranquilidad, contrariamente a los debates siguientes —especialmente el de una moción sobre la prestación por baja paternal—, en los que "los diputados llegaron a insultarse", según un testigo de la sesión.

Islandia es el primer país que ha trasladado públicamente a España su preocupación por el juicio al procés, ante el temor que se vulneren derechos fundamentales. El ministro de Asuntos Exteriores islandés, Guðlaugur Þór Þórðarson, comunicó la semana pasada al ministerio de Josep Borrell su malestar, según declaró Þórðarson al diario Frettabladid. Para el ministro islandés, el juicio "no es natural en un estado de derecho".

Þórðarson pertenece al Partido de la Independencia (Sjálfstæðisflokkurinn), el mayor grupo del parlamento islandés, con 16 diputados, de línea liberal-conservadora y euroescéptica.

El pasado 4 de diciembre, el presidente del Alþingi, Steingrímur J. Sigfússon, remitió una carta a los presidentes del Congreso y del Senado españoles en la que expresa su preocupación por la situación de la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell. Sigfússon pertenece al Movimiento de Izquierda-Verde.