La Fiscalía del Tribunal Supremo ha dirigido un informe al tribunal que juzga el 1-O para oponerse a qué Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull puedan salir de la prisión para hacer campaña y tampoco ve bien la petición subsidiaria de poder conceder entrevistas o hacer ruedas de prensa durante las pausas del juicio. La fiscalía reproduce argumentos que ya hizo en su día el juez instructor Pablo Llarena -para las elecciones del 21 de diciembre- y cree que si salen pueden impulsar "movilizaciones inmediatas" y propiciar que los tumultos se materialicen. Además, considera que no tienen "completamente anulada" la capacidad de dirigirse a su electorado y que otros integrantes de la lista pueden hacer campaña por ellos. Ahora, faltará que el tribunal posicione.

La defensa de Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull presentó el viernes pasado un escrito al Tribunal Supremo para pedir permiso para hacer campaña durante las pausas del mediodía de los juicios o antes del inicio de las sesiones del juicio oral. Los tres candidatos de las listas de Junts per Catalunya (JxCat) en las elecciones del 28-A piden poder conceder entrevistas a los medios de comunicación, grabar spots electorales y conceder ruedas de prensa durante el periodo de campaña. El escrito, presentado por el abogado Jordi Pina, solicitaba, de hecho, que los tres puedan participar en actos de campaña "custodiados" por fuerzas de seguridad del Estado, pero "subsidiariamente" plantea estas otras opciones.

La fiscalía, sin embargo, se opone. Considera que el derecho subjetivo de voto y elegibilidad contribuyendo a las elecciones generales como candidatos y cabezas de lista ha sido "absolutamente respetado". Recuerda que los tres se han incorporado a las listas electorales estando ya privados de libertad y estando en medio de un juicio y que, por más que esta circunstancia suponga una "limitación evidente" para participar en la campaña electoral, "no supone la imposibilidad de ser escogido, ni supone una pérdida o alteración esencial de la efectividad del derecho de participación democrática de aquellos que comparten proyecto político".

Además, remarcan que no tienen "completamente anulada" la capacidad de dirigirse a su electorado y que hay otros integrantes a la lista que pueden hacer campaña. Son afirmaciones recogidas en autos anteriores del juez instructor Pablo Llarena sobre peticiones para hacer campaña el 21 de diciembre a las elecciones al Parlamento convocadas para el 155.

"Pueden materializar tumultos"

La fiscalía entiende que si ahora se permite que salgan de la prisión para hacer campaña o participen en medios de comunicación "precisamente posibilitaría las situaciones de riesgo que la prisión quiere evitar". En este sentido, apunta que podrían impulsar "movilizaciones inmediatas" y propiciar que los tumultos se materialicen, hechos que cree que son similares a los que "precisamente" se están juzgando ahora en el Supremo.

Además, apunta que el régimen penitenciario permite permisos por situaciones "extraordinarias" de la vida privada y familiar o por cuestiones humanitarias. Unos supuestos que, según la fiscalía, no se dan ahora para pedir salir para hacer campaña.

A su entender, conceder estos permisos supondría "una pugna" con los motivos que determinaron su detención y que, según la fiscalía, fueron la "los hechos graves que provocaron la ruptura violenta del orden constitucional con el propósito de derogar la constitución y obtener la independencia de una parte del territorio nacional".

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