La defensa de Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull han solicitado al Tribunal Supremo la libertad provisional para evitar sufrir nuevas conductas "humillantes" de los agentes policiales durante los traslados hasta la sede judicial, donde el próximo 12 de febrero empezarán a ser juzgados.

Concretamente, denuncian las conducciones del trayecto a Soto y el derecho a la presunción de inocencia por las declaraciones de la secretaria de Estado de España Global, Irene Lozano.

Además, también se vuelve a reiterar que se impongan medidas menos onerosas para afrontar el juicio sin vulnerar el derecho a la defensa.

Los presos políticos resaltan, entre las condiciones del traslado, las imágenes captadas por la Guardia Civil, que se hicieron públicas horas después. Los agentes se reían de las personas que se concentraron en los accesos del centro penitenciario.

En el escrito, el abogado de los presos políticos, Jordi Pina, también critica a las asociaciones de guardias civiles que apoyaron al agente y recuerda que "no es la primera vez" que los procesados "son objeto de tratamientos humillantes en el contexto de conducciones policiales".

Por eso, pide medidas cautelares menos costosas "que no menoscaben un ápice la dignidad que se merecen y que les eviten ser sometidos diariamente a futuras burlas policiales como las descritas". Por otro lado, Pina acusa la secretaria de Estado de España Global, Irene Lozano, de vulnerar el derecho a la presunción de inocencia por unas declaraciones suyas a la BBC.