Quien fue directora general de Función Pública cuando gobernaba el PP en el País Valencià, Ana Brugger, se sentará en el banquillo de los acusados por haber pasado las respuestas de una oposición a funcionaria de la Generalitat Valenciana a una amiga durante el examen, según ha avanzado eldiario.es.

La beneficiaria de la ayuda y ahora asesora de Vox en Les Corts Valencianes, María Gonzálbez, la acompañará en el juicio, en el que se enfrentarán a seis años de cárcel e inhabilitación por los presuntos delitos de actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de abusos en el ejercicio de su función y falsedad en documento público.

La Audiencia de Valencia ha desestimado los recursos de ambas acusadas y aboca al juzgado de instrucción a abrir juicio oral. Entiende el tribunal que existe una "maquinación fraudulenta" por parte de Brugger y Gonzálbez para amañar el examen de oposición que, además, reportaba "un beneficio económico" cifrado por CGT en 1,7 millones de euros (supondría el sueldo como funcionaria durante 40 años).

Una "irregularidad" administrativa

La Audiencia considera que esta actuación podría constituir un ilícito penal que "quedó en un mero intento al ser descubiertas por una de las encargadas de la vigilancia de la prueba". En esta causa, la Fiscalía y el sindicato CGT creen que se habrían cometido varios delitos, mientras que la Abogacía de la Generalitat ha considerado que podría ser una irregularidad administrativa.

El tribunal da la razón a CGT y al Ministerio Público sobre la gravedad penal de los hechos. Las dos acusadas han intentado defender en sus alegaciones que no habían cometido delito y que CGT y Fiscalía discrepaban en la calificación.

El sindicato, que critica la Abogacía de la Generalitat por no personarse en la causa, considera "bochornoso el nivel que alcanza la corrupción del sistema, el silencio cómplice de quienes deberían estar defendiendo los intereses públicos y de la función pública de la Generalitat".

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