El respeto al libre debate parlamentario y al papel de la Mesa como garante de este se ha convertido en el eje de las intervenciones finales de las defensas y de la mayor parte de los acusados en el juicio contra los miembros del Parlament que presidió Carme Forcadell, que a primera hora de la tarde ha quedado visto para sentencia. Este ha sido el argumento de los abogados de las defensas y también de las últimos intervenciones de la mayor parte de los acusados, después de escuchar las alegaciones finales de la fiscalía y el resto de las acusaciones.

El exvicepesidente de la Mesa Lluís Corominas ha denunciado que este caso no tendría que haber tenido nunca relevancia judicial y que ésta sólo se explica por el contexto político; que el detonante del caso ha sido la pretensión de que la Mesa hiciera una función que no le correspondía para limitar el derecho de participación de los diputados. "Esperábamos desde la Mesa del Parlament el amparo del poder judicial cuando el poder ejecutivo inició los incidentes de ejecución, y no la encontramos", ha reprochado.

La exsecretaria primera Anna Simó ha asegurado que todavía no puede entender que se haya pretendido usar la mesa para "coaccionar sobre los debates parlamentarios que se pueden hacer y los que no". "Se decidió que fuera la Mesa del Parlament quien hiciera el trabajo sucio contra el parlamentarismo catalán y se vulnerara los derechos fundamentales de libertad de expresión e iniciativa parlamentaria de los diputados y se trincharan los principios de separación de poderes e independencia parlamentaria", ha exclamado después de recordar que para hacerlo posible se cambió la jurisprudencia al respeto y que un caso como este no encuentra similitud en el entorno geográfico.

 

El vicepresidente primero que sustituyó a Colominas, Lluís Guinó, aparte de asegurar que no tenía intención de delinquir en su actividad en el órgano de gobierno de la Cámara, ha pedido que se devuelva "la política a la política" y que todos los posicionamientos se puedan defender con libertad y respeto.

La exsecretaria cuarta Ramona Barrufet se ha limitado a agradecer el trata y el tono del juicio.

En cambio, la cupaire Mireia Boya ha denunciado que el Estado español ha reaccionado como un estado totalitario, que el régimen del 78 obliga a desobedecer porque no hay otra opción y es "legítimo hacerlo". "Ante las leyes injustas, la desobediencia es un deber", ha advertido.

Boya: "No tengo miedo"

"Sólo me queda decirle a la cara que no le tengo miedo", ha concluido, recordando a Anna Gabriel -exiliada para evitar el juicio-, dirigiéndose a Barrientos y reivindicando todo lo que hicieron: "Me es igual la sentencia que puedan dictar porque eso va de los derechos y libertades de mi pueblo".

 

La abogada de Corominas, Guinó y Barrufet, Judi Gené, ha advertido en su alegato final sobre la vulneración que este juicio puede representar en la separación de poderes, dado que el poder judicial estará limitando el poder legislativo.

Gené ha alertado sobre la contradicción que representa que se hable de la inviolabilidad de los diputados para garantizar que votan de manera libre e independiente, pero en cambio no se les garantiza ésta a los miembros de la Mesa que tienen que regular el debate.

Judit Gené juicio mesa parlamentoJudit Gené, abogada de Corominas, Guinó y Barrufet

"Queda muy bien retóricamente: Diputados ustedes son libres en la sede del parlamento para votar una ley inconstitucional, pero cuando ustedes votan para permitir que se vote, entonces no", ha reprochado. En un contundente alegato, Gené ha recordado que precisamente el objetivo de la inviolabilidad es proteger el poder legislativo ante el judicial.

Racionalidad en la inhabilitación

Ha concluído pidiendo la absolución para sus defendidos, y ha advertido que la petición de inhabilitación formulada es absolutamente desproporcionada, que se tiene que acotar a la función que hacían en aquel momento, en caso de que entiendan que desobedecieron y ha pedido "un poco de racionalidad". "¿Inhabilita Guinó para ser alcalde de Besalú?", ha preguntado refiriendose al hecho de que Guinó es alcalde de esta población, mientras que Barrufet trabaja como asesora del conseller de Territorio y Sostenibilidad.

El abogado de Anna Simó, Raimon Tomàs, ha advertido también al TSJC que el debate abierto en este juicio gira al rededor de si la actividad parlamentaria puede ser "limitada preventivamente" y "censurada". Ha advertido que la situación a que se está sometiendo al Parlament generó "inseguridad jurídica" por lo que hace a la inviolabilidad y la garantía de proteger la autonomía del Parlament.

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