Juicio a la familia de Jordi Pujol en la Audiencia Nacional, DIRECTO | Última hora

"Existe una conexión material entre el delito de blanqueo de capitales y los delitos continuados de falsedad documental. Así que no puede haber prescripción si el delito más grave no ha prescrito. Y el blanqueo de capitales, con prescripción a los diez años, no lo ha hecho", ha apuntado el abogado del Estado, que rechaza, al igual que la Fiscalía, el argumento de las defensas sobre la prescripción de los delitos de falsedad documental. 

La Abogacía del Estado también rechaza la acusación de inconstitucionalidad contra la investigación por surgir de un delito de revelación de secretos por la filtración que publicó El Mundo de las cuentas andorranas en 2014. Este era un argumento de la defensa de Josep Pujol Ferrusola. Ocio señala que la investigación surge de la declaración de Victoria Álvarez y añade también que el diario estaba en su derecho de ejercer su deber constitucionalmente garantizado de publicar una noticia sobre un hecho delictivo si la información que tiene es veraz. Así, el abogado del Estado señala que era "tan veraz" que motivó la "barroca" carta de confesión de Jordi Pujol. 

El abogado del Estado se opone el testimonio que ha pedido Mercè Gironès: el de su hijo, Jordi Pujol Gironès. También rechaza el argumento de la vulneración de derechos que ha alegado la defensa de Gironès porque no se le ha detallado el delito de falsedad documental: "En su declaración era perfectamente consciente de los hechos por los que estaba declarando, la realización de facturas falsas", ha señalado Ocio. 

Interviene ahora el abogado del Estado José Ignacio Ocio, quien al igual que el fiscal sostiene que los delitos no han prescrito aún. También señala que la entrada de registros cuenta en datos sólidos surgidos de las investigaciones de la UDEF y es un auto amparado y de pleno derecho. Asimismo, Ocio rechaza el argumento de indefensión que apuntaban las defensas de los acusados.

Sobre la política patriótica, Villarejo y las peticiones de incluir más testigos relacionados, el fiscal asevera que "no se pueden introducir cuestiones de índole política" en una cuestión que responde a una instrucción por blanqueo de capitales. Bermejo señala que "se ha pretendido convertir rumores políticos en causa de nulidad" y sostiene que hipótesis elucubradas no pueden socavar la instrucción judicial y las pruebas fácticas sobre los delitos económicos. Por todo lo anterior, el Ministerio Público pide rechazar todas las cuestiones previas planteadas por la defensa.

La acusación sostiene que no ha habido ninguna actuación que se haya ejecutado en las prórrogas establecidas por el juez De la Mata y también que la cooperación con las autoridades de Andorra han sido adecuadas y cumpliendo todos los requisitos: "Se ha sido riguroso". 

El fiscal Bermejo ensalza la "pulcritud" de los autos del juez De la Mata y de las incoaciones en las que intervino la UDEF. También reitera la crítica a las cuestiones "de fondo" que plantearon las defensas tratando de cuestionar cuál es el delito antecedente por falta de definición del texto de la acusación. Asimismo, señala que "no hay ninguna indefensión" que motive una nulidad porque las defensas tienen "toda la información" de la causa desde "hace años". 

Sobre la prescripción de los delitos que pedía la defensa, el fiscal Bermejo sostiene que no aplica, porque la falsedad documental es instrumental para el delito final, el de blanqueo de capitales, y no se puede apartar de manera estanca: según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la prescripción debería empezar a contar a partir del último momento en el que se da el blanqueo de capitales o cuando se descubre el delito, apunta la acusación. "Mientras exista el delito de blanqueo, no se puede declarar prescrita la falsedad", concluye.

El fiscal sostiene que existían "indicios concretos y suficientes para incoar unas diligencias previas" y que la UDEF ha actuado de manera regular con orden de los juzgados. "Donde hay indicios concretos, la incoación no es prospectiva, no procede la nulidad" que piden las defensas, asevera la acusación.

El fiscal Bermejo aborda los antecedentes que impulsan la investigación: en primer lugar, en septiembre de 2010, Victoria Álvarez hace una declaración policial hablando de viajes a Andorra de Jordi Pujol para transportar capitales. En segundo lugar, en 2014 el diario El Mundo revela el "pantallazo" con las cuentas andorranas de la familia Pujol. Finalmente, en 2014, Pujol explicita que existe la herencia del abuelo Florenci en Andorra en su conocida carta. Sin embargo, el fiscal asevera que la investigación de anticorrupción ya se había iniciado antes de la publicación de El Mundo, por la denuncia de Álvarez.

El fiscal sostiene que la investigación se centra en blanqueo de capitales ocurrido parcialmente fuera de España, por parte de la familia Pujol. Así, argumenta que no son delitos cometidos fuera de España, sino que "es una actividad compleja iniciada en territorio español" que inherentemente está relacionada con otros países por el movimiento de capitales. El fiscal añade que el delito de blanqueo de capitales tiene una dimensión internacional y es perseguible de manera extraterritorial en el contexto de una economía globalizada. 

Comienza la sesión del juicio a los Pujol de este miércoles con la intervención del fiscal anticorrupción Fernando Bermejo, que como representante de la acusación responderá las cuestiones previas que plantearon las defensas ayer martes. Bermejo ha aseverado que obviará las cuestiones "de fondo" que plantearon los abogados.

La Fiscalía responderá hoy a los abogados de los empresarios que también han denunciado la vulneración de derechos fundamentales porque sostienen que Anticorrupción les imputa hechos de los cuales no se han podido defender porque no se les preguntó en fase de instrucción. Los empresarios son acusados de hacer negocios con Jordi Pujol Ferrusola, para quien la Fiscalía pide 29 años de prisión. Todas las defensas pidieron lunes y martes al tribunal que depure las irregularidades en la instrucción antes de iniciar el juicio. La Operación Catalunya es el origen de la causa contra los Pujol.

Los abogados de la decena de empresarios que se sientan en el banquillo de los acusados junto a los siete hijos de Pujol Ferrusola coincidieron el martes en pedir al tribunal de la Audiencia Nacional que declare nula la imputación por blanqueo de capitales —por la que el fiscal les pide 3 años de prisión— porque la Fiscalía Anticorrupción no detalla el delito de origen que lo provocaría. Además, añadieron que por el delito de falsificación documental, que también les imputa y por el que les pide dos años de prisión, está “clamorosamente prescrito”, igual que el blanqueo, que prescribe a los diez años, y la mayoría se habría cumplido en 2004.

El Govern expresó este martes el reconocimiento a la figura del que fue president durante 23 años, y ha recordado que los forenses habían indicado que Jordi Pujol no se encuentra en condiciones plenas para seguir el juicio, por lo que este informe debería haberse tenido en cuenta. El lunes, el tribunal decidió mantenerlo dentro del procedimiento, a pesar de que el informe de los forenses apuntaban que no se encuentra en las condiciones físicas y cognitivas necesarias para seguir el procedimiento y después de que la última semana estuvo ingresado en un hospital a raíz de una neumonía.

Los siete hijos del presidente Pujol y la decena de empresarios investigados asistieron ayer martes al juicio a pesar de que el tribunal les permitió no asistir a todas las sesiones. El presidente Pujol no se conectó al juicio desde su casa y, según fuentes de la defensa, no lo volverá a hacer hasta que le toque declarar como investigado, previsto para abril de 2026. Antes, seguramente, el tribunal pedirá un nuevo informe sobre su estado de salud.

Durante la jornada de ayer martes, los abogados de cuatro hijos del expresidente aportaron un libro sobre el caso Banca Catalana y un número del Boletín Oficial del Estado (BOE) sobre los fondos de su abuelo, Florenci Pujol Brugat, en Suiza para probar que la fortuna oculta en Andorra procede de un legado familiar. El abogado Pau Ferrer presentó estas pruebas, además de insistir en que la Fiscalía Anticorrupción admite “el origen desconocido” de los fondos que tenían en Andorra, y por lo tanto si no provienen de comisiones ilegales o un hecho delictivo, no puede existir el delito de blanqueo de capital por el que se les acusa además del de asociación ilícita.

Buenos días, esta mañana volveremos a conectar con San Fernando de Henares para seguir la tercera jornada del juicio a Jordi Pujol, sus siete hijos y una decena de empresarios por el origen del dinero que tenían en Andorra. Hoy la Fiscalía y la Abogacía del Estado responderán a las cuestiones previas planteadas por las defensas de los acusados