El Juzgado de Instrucción número 5 de Mataró ha dictado el sobreseimiento provisional de la causa abierta por presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental en diversos procesos de selección y provisión de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Mataró. El auto, con fecha 21 de enero, concluye que los hechos denunciados no tienen relevancia penal y que no constituyen ningún delito. Así lo ha anunciado este viernes el consistorio mataronense, en una rueda de prensa con el alcalde, David Bote (PSC), el concejal de Buen Gobierno, Miquel Àngel Vadell, y el abogado Carles Monguilod, que ha hecho seguimiento jurídico del caso en nombre de la institución. David Bote ha admitido que este ha sido “uno de los temas que más nos ha preocupado en los últimos tiempos y que ha tenido un impacto muy grande”, y ha insistido en que “la versión del Ayuntamiento siempre ha sido que se trataba de un conflicto laboral y nada más que eso: ni delito, ni corrupción, ni contratación a dedo; ningún indicio penal”.
El procedimiento ahora archivado tiene su origen en las denuncias presentadas a finales del año 2023 por una extrabajadora municipal que había alertado de posibles contrataciones irregulares en el Ayuntamiento y que se dirigió a la Oficina Antifraude de Cataluña. A raíz de esta comunicación, la Fiscalía de Mataró presentó una querella criminal. La exempleada, arquitecta municipal, denunció una decena de casos de contratación por vía excepcional sin concurso previo. Según su versión, estos procedimientos se habrían tramitado como contratos de emergencia sin acreditar la urgencia; es decir, que habrían sido contrataciones a dedo. Tres de estas personas, además de un cargo directivo, habrían sido contratadas para elaborar el Atlas Urbanístico (una herramienta para facilitar el planeamiento urbanístico de la ciudad). Esta misma trabajadora habría sido destituida por el consistorio como represalia por haber denunciado los hechos, según su versión, a pesar de su condición de protegida por Antifraude como declarante de un presunto caso de corrupción; un extremo que el Ayuntamiento siempre ha negado, asegurando que no obtuvo la plaza de funcionaria en el proceso correspondiente.
Archivo del caso de prevaricación
La causa se ha seguido contra diez trabajadores y extrabajadores municipales por presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental. Después de practicar diligencias y tomar declaración a todas las partes, la jueza ha acordado el sobreseimiento provisional al entender que los hechos denunciados no constituyen delito. El sobreseimiento provisional es una figura jurídica que permitiría reabrir el procedimiento si aparecieran nuevas pruebas, aunque Monguilod ha apuntado que en este caso ya se ha valorado todo el material disponible y que se puede dar por sentado su cierre definitivo.
El abogado Carles Monguilod ha remarcado que el proceso “ha sido exhaustivo”, con una gran carga documental y testimonial, y ha destacado que la jueza ha concluido “de manera muy contundente que no hay ningún indicio delictivo”. “En fase de instrucción, si hubiera habido el mínimo indicio, la causa habría tenido que seguir adelante, pero no ha sido el caso”, ha afirmado. “Nada puede hacer dudar mínimamente que el comportamiento de los trabajadores encausados fue impecable”, ha añadido.
Informes previos y comisión de investigación
Desde el principio del caso, el gobierno municipal ha defendido que no existía ninguna práctica delictiva vinculada a las contrataciones y ha sostenido que todo ello se enmarcaba en un conflicto laboral con la extrabajadora, que no obtuvo plaza en un proceso de estabilización de personal después de años como funcionaria interina. Antes de que el juzgado se haya pronunciado, el Ayuntamiento ya había encargado un informe a la Diputación de Barcelona sobre la legalidad de los procesos cuestionados. Según el consistorio, este informe concluía que los procedimientos se ajustaban al marco legal vigente y no apreciaba irregularidades. Además, el alcalde ordenó la creación de una comisión informativa especial con participación de todos los grupos municipales, constituida en diciembre de 2023, para analizar la política de Recursos Humanos y los procesos denunciados. Las conclusiones aprobadas en el Pleno —con la única excepción del voto contrario de Vox— indicaron que no se habían producido irregularidades de carácter penal.
En paralelo, el Ayuntamiento decidió personarse en las causas penales como responsable civil subsidiario, con el objetivo —según explicó en su momento— de tener acceso a la información judicial y poder “actuar en consecuencia” si se demostraba alguna irregularidad. El consistorio reiteró entonces que, con la información de que disponía, no tenía motivos para concluir que se hubiera actuado al margen de la ley.
La denuncia de Vox también queda en papel mojado
El gobierno local considera que las acusaciones han provocado un “agravio reputacional” tanto para la institución como para las personas investigadas. “Se hicieron acusaciones graves que hoy queda probado que no tenían ningún tipo de fundamento”, ha afirmado David Bote, refiriéndose sin mencionarlos directamente a Vox, tercera fuerza en el consistorio, que presentó una denuncia ante la Fiscalía Provincial por posible prevaricación administrativa y convirtió este asunto en uno de los ejes centrales de su discurso contra el gobierno municipal.
Según el alcalde, la formación ultra “criminalizó y persiguió al Ayuntamiento sin ninguna prueba, anteponiendo sus intereses partidistas a los de la institución y a los de los trabajadores municipales”. “Son expertos en la desinformación y la mentira, en destruir valores en lugar de aportar soluciones”, ha añadido. En la misma línea, el concejal Miquel Àngel Vadell ha acusado a Vox de haber querido “generar alarma social y pública para sacar rédito político”, repartiendo boletines por la ciudad hablando de corrupción. “Finalmente, no se personaron en la causa penal, mintiendo de nuevo. Mentir en esta ciudad no funciona”, ha afirmado.