La absolución de Sandro Rosell después de pasar 21 meses encarcelado ha reabierto el debate sobre la prisión preventiva. Una de las autoridades que se ha pronunciado ha sido la jueza decana de Barcelona, Mercè Caso, que ha manifestado que el caso del expresidente de Barça tendría que cuestionar la prisión preventiva. A su parecer hay que ver si el Estado español cumple los índices y estándares en materia de prisión provisional que marca la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Mercè Caso cree que se tendrían que buscar métodos "menos penosos" para contener el riesgo de fuga, antes de dictar una prisión preventiva.
En todo caso, Caso ha recordado que la decisión de la magistrada Carmen Lamela fue solicitada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional y avalada por la sala de apelaciones, porque es un "sistema de garantías", y la decisión ha sido revocada posteriormente por el tribunal que ha juzgado el caso,"poniendo en valor su independencia", "actuando en conciencia" y se vio influido por el largo periodo de prisión preventiva.
En todo caso, la jueza decana de Barcelona cree que la ley hace una definición "estrecha" de los posibles casos que pueden ser objeto de reclamación, aunque ha recordado que el Tribunal Constitucional está revisando estos criterios.