El juez ha dejado en libertad provisional con medidas cautelares a la exalcaldesa de Barberà del Vallès, Ana del Frago y los otros cuatro detenidos en relación con una presunta trama de malversación y prevaricación vinculada a la emisora de radio municipal.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), el titular del juzgado de instrucción número 8 de Cerdanyola del Vallès, responsable del caso, también les ha retirado el pasaporte y les ha prohibido salir del territorio. Aparte, el magistrado ha pedido a la exalcaldesa, la jefa de gabinete y el interventor del consistorio, una fianza de responsabilidad civil de un millón de euros. La causa está declarada secreta.

La decisión del juez llega después de que el martes varios agentes de la División de Investigación Criminal de los Mossos d'Esquadra se presentaran en el Ayuntamiento de Barberà para desarrollar un operativo en calidad de policía judicial. Los agentes detuvieron la exalcaldesa, el antiguo concejal de Comunicación, Alfonso Ortega, una interventora municipal, un secretario y una técnica jefa de comunicación.

La investigación parte de un expediente que Podem Barberà puso en conocimiento de la Fiscalía el mes de junio de 2017, después de investigar una denuncia de un trabajador de Ràdio Barberà que acusaba a la entidad gestora de la emisora, Amics de Ràdio Barberà de cometer presuntas irregularidades.

En concreto, aseguró que durante años había percibido su sueldo en un sobre "en negro" y que desde hacía poco recibía transferencias bancarias. Al mismo tiempo indicó que la entidad lo había presionado para que se hiciera autónomo.

Según el cuarto teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barberà, David Clarà, las indagaciones del equipo de gobierno (PCPB y Junts por Barberà - resultado de la confluencia de Podem y la CUP -) pusieron de manifiesto que Amigos de Ràdio Barberà era una entidad que durante años había recibido una subvención pública anual por parte del Ayuntamiento con la cual hacía el pago a diferentes trabajadores.

Con todo, no figura ningún convenio y había un informe elaborado por la interventora municipal el año 2008 contrario a esta forma de funcionar. En aquel momento la entidad dejó de cobrar la subvención y empezó a facturar en el Ayuntamiento de Barberà.