La Audiencia Nacional también acelera el caso de Tsunami Democràtic, frente a la tramitación de la ley de amnistía. El juez Manuel García-Castellón ha dictado una providencia en la cual pregunta a los 10 investigados por terrorismo que indiquen, a través de sus abogados, la dirección de dónde viven, con el fin de citarlos a declarar, según una resolución a la cual ha tenido acceso ElNacional.cat este martes. El plazo es de un día. En el caso del periodista Jesús Rodríguez, el informático Jaume Cabaní y el italiano Nicola Flavio Guiulio Flogia, el juez ha encargado a la Guardia Civil que busque su paradero porque, por ahora, no están personados con abogado en la causa, como sí lo están el resto de encausados.

La Audiencia Nacional  sigue los pasos del Tribunal Supremo, que este lunes ha citado al president Carles Puigdemont y al diputado de ERC Ruben Wagensberg para que declaren de forma voluntaria y por videoconferencia entre los días 17 y 21 de junio, cuando ya se ha de haber formado el nuevo Parlament. Habrá que ver si el magistrado García-Castellón cita a los encausados durante la campaña electoral de las elecciones catalanas del 16-M, que empieza de aquí a dos semanas

Los investigados de Tsunami

El titular del juzgado central de instrucción 6 de la Audiencia Nacional dictó una resolución el 6 de noviembre pasado, donde detalla los 12 investigados por terrorismo en la causa de Tsunami Democrátic, después de dos años de investigación secreta y sin interrogatorios. Lo hizo al día siguiente al anuncio de un acuerdo del PSOE y de los partidos independentistas por la ley de amnistía. Por primera vez, además, citaba como investigado al president Puigdemont, que por su aforo, como el diputado de ERC, ha asumido el Tribunal Supremo.

 

Los investigados de Tsunami y ya personados en el juzgado son: los empresarios Oriol Soler, y Josep Campmajor y el direcivo de Òmnium Cultural, Oleguer Serra, con el abogado Benet Salellas; la vecina de Girona Marta Molina, con la abogada Marina Roig; Josep Lluís Alay, con el abogado Gonzalo Boye; la secretaria general de ERC, Marta Rovira, con  el abogado Iñigo Iruín, y el exconsejero de ERC, Xavier Vendrell, con el letrado Jos Prado. El magistrado ha pedido a los siete investigados que indiquen un domicilio para localizarlos y citarlos a declarar, a través de sus abogados.

Respuesta conjunta

Se espera que los siete investigados hagan una respuesta unificada al juez García-Castellón cuando sean citados. Sus abogados ya presentaron un escrito conjunto al Tribunal Supremo, en el cual le pedían que archivara la causa de Tsunami porque el magistrado de la Audiencia Nacional no había prorrogado la investigación correctamente el 2021 y, por lo tanto, sin la declaración de los encausados, la causa tenía que cerrarse.

La sala de lo penal del Tribunal Supremo no dedicó ni una palabra a revisar o responder la petición de los encausados, el febrero pasado. Resolvió que era competente para investigar a Puigdemont y Wagensberg y que veía indicios del delito de terrorismo, contra el parecer de la Fiscalía. Una interpretación de la ley forzada por el alto tribunal español, según algunos juristas, para actuar contra el independentismo catalán, como se hizo en el 1-O.