Los rusos vuelven a irrumpir en el caso Volhov. Después del revuelo provocado por las afirmaciones contenidas en un primer informe de la Guardia Civil de que Rusia habría ofrecido a Carles Puigdemont 10.000 soldados en pleno proceso de independencia, la investigación del caso insiste en esta vía e intenta ahora vincular a personas del entorno de Puigdemont. El juez, Joaquín Aguirre, ha pedido que se investigue esta vía, aunque la Fiscalía se ha opuesto.

Un nuevo informe elaborado por la Guardia Civil, como el de octubre del año pasado en que se alertaba sobre los 10.000 soldados rusos, y al cual ha tenido acceso El Periódico investiga los vínculos entre el director de la oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay, y un empresario ruso que vive en Catalunya, Alexander Dmitrenko, al cual la Justicia española relaciona con los servicios de inteligencia rusos, razón por la cual se le habría denegado la nacionalidad española.

El informe de la Guardia Civil asegura que este empresario "se habría integrado en el círculo de Puigdemont". Para subrayar las sospechas, explica que Dmitrenko tuvo negocios con otro empresario ruso, Artem Lukoyaniuv, al cual describen como hijo adoptivo de un exasesor de Vladimir Putin, llamado Vladislav Surkov, y conocido por el mote de El cardenal.

El informe incluye, entre los elemento de la investigación, mensajes que se han extraído del móvil de Alay, que el mes de octubre fue detenido a raíz de este caso, dirigidos a Puigdemont donde se explica que Dmitrenko fue escogido como embajador de la Cambra de Comerç de Barcelona y donde se asegura de que es un contacto en Rusia que abre "muchas cosas en Moscú".

Sospechas por el "contexto"

En uno de los mensajes entre Dmitrenko y Alay se habla de 295.000 dólares que el ruso recibió como garantía de un negocio, a raíz de lo cual habría escrito: "felicidades a todos nosotros. Primer gran paso dado". Dmitrenko habría enviado a Alay un recibo de pago donde aparecen una empresa rusa y una de Hong Kong. La Guardia Civil admite que desconoce más datos sobre este negocio, y no obstante, no duda en asegurar que por el "contexto de los mensajes" podría existir "una participación del entorno de Puigdemont".

De hecho, a pesar de la falta de datos objetivos que admite la Guardia Civil, Aguirre compara esta venta con una operación de una empresa rusa con una vinculada al político italiano de la Lega Nord Matteo Salvini, que habría servido para financiar de manera ilegal aquel partido italiano.

Gonzalo Boye

El informe también incluiría, según ha podido saber ElNacional.cat, mensajes intercambiados con el abogado Gonzalo Boye, al cual se intentaría vincular también con Dmitrenko y otros empresarios rusos con los cuales se habría reunido en Moscú y Ginebra. Entre estos mensajes, aparece también el nombre de un periodista ruso, Yevgeny Primakov, que dirigía un programa de televisión ruso que entrevistó a Puigdemont en 2019. El informe destaca como elemento de sospecha que Primakov fue situado por Putin al frente de la agencia federal RosSotrudnichestvo.

Las diferencias entre el juez y la Fiscalía en relación a la investigación de esta supuesta trama, se suman a las diferencias expresadas en otras cuestiones del caso. El fiscal ya mostró dudas durante la investigación sobre las escuchas y seguimientos a las que se sometió una parte de los investigados, y hoy mismo se ha sabido que se ha negado a que la parte del caso que afecta a las vinculaciones de algunos de los acusados con Tsunami Democràtic sea enviada a la Audiencia Nacional.

 

En la imagen principal, el director de la oficina de expresident Carles Puigdemont, Josep Alay / Foto: Carles Palacio