Carpetazo por ahora al caso. El Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona ha archivado provisionalmente la causa que instruía por el presunto espionaje con el software malicioso Pegasus a los teléfonos móviles de dirigentes de Òmnium Cultural durante 2018, 2019 y 2020. En concreto, los afectados habrían sido el exvicepresidente Marcel Mauri, la responsable internacional y legal de la entidad Elena Jiménez y la periodista Txell Bonet. La querella se presentó ahora hace cuatro años, al trascender las supuestas escuchas. La entidad independentista ha presentado un recurso ante la Audiencia de Barcelona.

Òmnium critica en un comunicado emitido este jueves que la investigación judicial ha sido "fragmentaria, lenta, revictimizadora e inefectiva" y que a pesar de haber "indicadores de infección", el juez haya decidido cerrar la investigación. Al recurso presentado ante la Audiencia, la entidad cultural afirma que se han aportado numerosas pruebas periciales informáticas que "acreditan la infección" y que "obligan a impulsar la investigación". Asimismo, Òmnium subraya que el Parlamento Europeo, el Consejo de Europa y Naciones Unidas "han exigido" a España una investigación "rigurosa y efectiva" sobre el espionaje con Pegasus.

El recurso esgrime que el juez no ha pedido ninguna declaración a los perjudicados ni ha solicitado ninguna información a organismos estatales o europeos, ni tampoco a la empresa denunciada. "Durante cuatro años, el juez instructor no ha practicado ni una sola diligencia de investigación", afirma el texto que recurre el archivo.  Además, critica que, en el escrito del sobreseimiento, el magistrado afirme que si no ha habido resultados en la investigación ha sido porque los denunciantes no quisieron entregar los teléfonos móviles a la policía.

"Si hay letargo, en ningún caso es atribuible a las acusaciones" ni se puede culpar a los querellantes de "falta de colaboración por no haber entregado sus dispositivos telefónicos", añade Òmnium. A juicio de los responsables de la entidad, esto supondría vulnerar su derecho a la intimidad y el secreto de las comunicaciones. Es "una clara revictimización" cuando "es precisamente este derecho la espina dorsal del bien jurídico" que se intenta proteger, sostiene la entidad. El actual presidente de Òmnium, Xavier Antich, ha valorado que el archivo de la causa después de cuatro años de investigación "solo se puede explicar desde un punto de vista político, y en ningún caso jurídico o de preservación de derechos".

Ya en diciembre, los afectados denunciaron en un escrito remitido al juez "demoras graves e injustificadas" en el proceso judicial. Entonces, los afectados explicaron que los Mossos d'Esquadra alegaban que no sabían cómo hacer un análisis pericial de las copias proporcionadas de sus teléfonos móviles porque no estaban "completas" y que necesitaban una copia entera de los dispositivos. Mauri, Jiménez y Bonet replicaron que esta exigencia es "absolutamente desproporcionada" y acusaron a la policía de querer "acceder a todo su contenido privado con la excusa de una limitación técnica".

Òmnium se querella contra NSO Group y denuncia una "estrategia organizada"

Òmnium presentó una querella contra NSO Group, la empresa israelí propietaria y responsable de Pegasus, por la "vulneración masiva y grave de derechos fundamentales", que suponía el uso de este software de espionaje. En concreto, dicen que vulnera el derecho al secreto de comunicaciones y a la intimidad o el derecho de la libertad de expresión. En la misma línea, la entidad defiende que las "fechas concretas y las personas espiadas" demuestran que ha habido una "estrategia organizada" que tenía como objetivo el espionaje al expresidente de la entidad encausado por el Procés Jordi Cuixart. Desde Òmnium también reclamaron que, para seguir con la investigación judicial, "es necesario que el Gobierno desclasifique toda la información que el CNI tiene sobre los tres afectados".