El juez de instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, ha citado como investigados al exjefe de gabinete de la Conselleria de Governació Jordi Cabrafiga, que se integró en el núcleo duro de la campaña de JuntsxCat para el 21-D, y el director de Estrategia e Innovación del Centre de Telecomunicacions i Tecnologia de la Informació (CTTI), Valentí Arroyo, por su papel en el 1-O.

En una providencia, a la que ha tenido acceso Efe, el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que investiga el Govern por los preparativos del 1-O, ha citado para el próximo 9 de febrero como imputados a Cabrafiga y a Arroyo.

Cabrafiga, que fue el responsable de supervisar el proyecto de la web referèndum.cat, aparece en el sumario del caso abierto por el magistrado sobre el 1-O, en que hay una veintena de personas imputadas, entre ellas diversos ex altos cargos del Govern, ya que intervino en un chat en que participaban varios responsables de los preparativos del referéndum declarado ilegal, en el cual se observan los esfuerzos por mantener vivas las páginas web para la votación.

El pasado 8 de septiembre, Cabrafiga, que era jefe de gabinete de la Conselleria de Governació —dirigida entonces por Meritxell Borràs—, pidió al informático de la Conselleria d'Economia Joan Manuel Gómez que le enviaran a partir de entonces mensajes a un teléfono "limpio, con SIM nueva y sin rastrear".

Por otro lado, Arroyo ha sido director de Estrategia e Innovación del CTTI, una empresa pública de la Generalitat en la cual se integran todos los servicios informáticos y de telecomunicaciones de la administración catalana, a la cual la justicia ordenó bloquear temporalmente sus funciones de consulta de datos antes del 1-O para que no pudieran ser trasladados a otra aplicación para ser usadas durante el referéndum.

Primer año de las investigaciones

La citación es para el 9 de febrero en la Ciutat de la Justícia y coincide con el primer año de las investigaciones. Ramírez Sunyer admitió la querella a trámite que puso en marcha toda esta causa general, el 9 de febrero del 2017.

Después de un año de investigaciones aun no han ni declarado los imputados. Los tres primeros que figuran en la denuncia que presenta a un particular contra las declaraciones del exsenador de ERC, Santiago Vidal son el mismo Vidal, Carles Viver i Pi-Sunyer y Josep Lluís Salvadó.

En verano, la Guardia Civil toma declaración a varios cargos y trabajadores de la Generalitat como testigos en el cuartel de Travessera de Gràcia. Y el 20 de septiembre está el punto álgido de la investigación policial: la operación Anubis. Los registros y las detenciones acaban con el núcleo duro que estaba preparando el referéndum y requisando buena parte del material de la votación del 1 de octubre.

Buena parte del material que se requisa sirve para instruir la causa contra Jordi Sànchez y Jordi Cuixart acusados de sedición y encarcelados por la Audiencia Nacional, y ahora para aportar pruebas en la investigación que está haciendo el Supremo de los miembros del Govern y la Mesa del Parlament.

Desde el mes de abril hasta el otoño, el juez va prorrogando el secreto de las actuaciones. No es hasta el 25 de octubre que se levanta el secreto de sumario y justo el día siguiente, con lo que han podido ver los abogados, la califican de "causa general" contra todo el proceso independentista.

Pero la instrucción sobre Santi Vidal, que es la que da origen a esta investigación, no avanza. Las citaciones de los testigos que están haciendo estos días son el único paso que ha dado el juez del 13 centrado en su investigación.

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