Los pronunciamientos de Europa sobre el caso 1-O no dejan en buen lugar la imagen de la justicia española. Y esta se pone a la defensiva. Ahora, contra la resolución del Consejo de Europa que impugna todo el juicio del procés, pide la libertad de los presos y la retirada de las euroórdenes. Será debatida este lunes. Y tres asociaciones de jueces ya se han movilizado para pedir al Gobierno que detenga la supuesta campaña de desprestigio de la judicatura española.

Se trata de un comunicado conjunto de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente. E insta al Gobierno de España, como responsable de la política internacional del Estado, a "desplegar los instrumentos diplomáticos necesarios a su mano para impedir la aprobación el proyecto de declaración en los términos en que aparece redactado, por resultar injustos y afrentosos para uno de los poderes del Estado".

Por otra parte, las tres asociaciones también se dirigen a los partidos con representación en la Asamblea del Consejo de Europa "para que en el debate de la aprobación del mencionado texto expongan con claridad que la declaración se aparta radicalmente de la realidad del funcionamiento de los órganos judiciales en España". Finalmente, también se dirigen al Consejo General del Poder Judicial "para que se pronuncie oficialmente sobre su contenido, denunciando públicamente las falsedades e inexactitudes que contiene para evitar una declaración que, si bien carece de eficacia ejecutiva, lesiona el prestigio del poder judicial y la necesaria confianza en su recto funcionamiento de cara a los ciudadanos".

En la exposición de motivos, los jueces aseguran que "en España los órganos judiciales no están al servicio de unos intereses del poder ejecutivo para reprimir las libertades públicas, como se desliza en el texto". Y añaden a continuación: "Todo lo contrario , hasta el punto de que las Asociaciones firmantes, en defensa de la independencia judicial, hemos acudido a la Comisión Europea para alertar, precisamente, del riesgo que determinadas reformas legislativas podían suponer para la separación de poderes y el respeto a la independencia judicial".

E insisten: "Poner en cuestión la calidad de la democracia en España y la labor de los Tribunales y su defensa de los derechos fundamentales, insinuando una complicidad en la persecución ideológica de sus ciudadanos, constituye una falacia que debe ser reparada, evitando que se consoliden declaraciones sin fundamento que perjudican la imagen de la Justicia y de la propia percepción de España, como Estado de plenas garantías".

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