Las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales han pedido hoy el apoyo de los miembros de ambas carreras para conseguir un seguimiento "masivo" de la huelga convocada para el 19 de noviembre. La huelga se convocó el pasado mes de mayo después de comprobar que el Ministerio de Justicia seguía sin atender sus reivindicaciones laborales y salariales.
El comunicado firmado por las siete asociaciones asegura que "la Justicia sigue denostada", y que "en el proyecto de presupuestos para el 2019, nada indica que las partidas para la Justicia y los salarios de los jueces y fiscales aumenten". Al mismo tiempo, aseguran que "la constitución de la Mesa de Retribuciones se ha intentado subvertir en un organismo burocrático vacío de contenido, con una clara finalidad obstructiva y poco práctica".
El comunicado está firmado por la Asociación profesional de la Magistratura (APM), la Asociación de Jueces Francesc de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JjD), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF), la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).
"El papel que se merece"
Por este motivo, las asociaciones han decidido reanudar las protestas y medidas de presión "con la finalidad de conseguir que la Justicia consiga el papel que se merece en un auténtico Estado de Derecho", aseguran.
Las asociaciones esperan que la huelga general del 19 de noviembre en el ámbito judicial y fiscal, sea la primera de estas movilizaciones. Si no hay respuestas "adecuadas" en este periodo de tiempo, aseguran que podrían convocar nuevas medidas de presión para las semanas siguientes.
El 22 de mayo pasado los jueces y fiscales ya protagonizaron una huelga y el Consejo General del Poder Judicial no fijó los servicios mínimos porque no estaba regulado el derecho a huelga de estos colectivos. Según explican, para esta huelga ya han iniciado los trámites necesarios para organizar el paro, con la constitución del comité de huelga, la comunicación del previo aviso y la solicitud de los servicios mínimos.