Jueces y Juezas para la Democracia apoya la decisión del Gobierno español en relación a la demanda contra el juez Pablo Llarena en Bélgica. La asociación progresista de magistrados considera "correcta y ajustada a derecho" la actuación del Ministerio de Interior, que contratará un bufete privado de abogados para defender "la soberanía e inmunidad jurisdiccional de España" si se cuestiona la causa del 1-O, pero no dará amparo al instructor del Tribunal Supremo.
La asociación afianza "su compromiso en defensa de la soberanía e integridad de la jurisdicción española". En este sentido, consideran "correcta y ajustada a derecho la personación de España en el procedimiento que se sigue ante los tribunales de Bélgica".
En el comunicado, Jueces y Juezas para la Democracia expresa su "rotunda oposición al uso de normas y mecanismos judiciales para conseguir el enjuiciamiento ante tribunales extranjeros de un magistrado español por los actos realizados en ejercicio de sus funciones".
No obstante, el resto de asociaciones judiciales mayoritarias van un paso más allá y exigen al gobierno español que asuma ante la justicia belga la defensa del magistrado del Tribunal Supremo, una defensa que el Ministerio de Justicia considera que no le corresponde.