Existe vida política más allá del Gobierno de España para los ministros y otros cargos con un historial de casos polémicos. La representación del Estado en las instituciones internacionales y otros organismos se ha convertido en un punto de destino cuando su carrera se trunca. Las condiciones del nuevo lugar de trabajo acostumbran a comportar un nivel de vida elevado con sueldos millonarios. La propuesta por parte de Moncloa se enmarca dentro de la legalidad, pero aviva el malestar entre la ciudadanía y la oposición, y a veces, dentro del propio partido que gobierna, ya sea PSOE o Partido Popular.

La última polémica estalló por la propuesta del ejecutivo de Mariano Rajoy de colocar al exministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, como director ejecutivo en el Banco Mundial. Soria dimitió en mayo como consecuencia de su vinculación con los Papeles de Panamá, tras haber negado conocimiento del caso. El extitular ministerial zanjó así una polémica que dio el envite durante unos días al liderazgo de Rajoy al frente del Gobierno resultante de las negociaciones de investidura.

Sin embargo, la muerte política lo ha llevado a reanudar la carrera dentro de la administración pública con un sueldo que triplica la remuneración que tenía como ministro. Un director ejecutivo percibe 252.720 dólares; es decir, unos 226.000 euros libres de impuestos. Eso supone tres veces lo que percibía en Industria, es decir, 70.000 euros que figuran en los presupuestos de 2016.

El presidente en funciones ha salido en defensa de Soria mientras algunas voces en Génova exhibían su malestar. "¿Qué se puede hacer? ¿Se le echa de España? ¿Te vas del Gobierno y no puedes volver a la función pública"?, lamentaba el líder del PP durante la cumbre del G-20 en China. Rajoy ha exigido que se fuera "más justo" a la hora de valorar determinadas cuestiones. El ministro de Economía, Luis de Guindos, se ha sumado a la defensa de su excompañero, indicando que era un cargo no político, mientras la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, aseguraba que la cuestión no tenía que ver con la regeneración. "Es una persona que vuelve a su carrera", dijo Cospedal después de relatar la idoneidad del exministro para el cargo y la ausencia de corrupción.

No es el único caso que Rajoy acumula en el grupo de exministros con una jubilación de oro. El extitular de Educación, José Ignacio Wert, conocido por la ley LOMCE –que cuenta con la disconformidad de muchas comunidades autónomas– y partidario de "la españolización de los niños catalanes", ocupa la representación de España ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El nombramiento de Wert por parte del Gobierno español llegó a petición del mismo interesado en agosto de 2015, con el pretexto de acompañar a su esposa, Montserrat Gomendio, precisamente directora general adjunta de Educación en la OCDE.

La polémica estalló entonces cuando se conoció el coste de rehabilitación de la finca donde se alojan. El ministro en funciones de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, anunció que destinaría 775.655 euros al "mantenimiento general de los locales y jardines de la cancillería y de la residencia de la embajada de España en París y de la cancillería de la Delegación Permanente de España en el OCDE". Mediante un contrato publicado en el BOE el pasado 22 de agosto, el ministerio se hace cargo del coste de adecuación de un edificio situado en el número 22 de la avenida Marceau de París.

Federico Trillo, expresidente del Congreso de los Diputados y exministro de Defensa, también ha pasado a ocupar un cargo millonario como es el de embajador de España en el Reino Unido. García-Margallo se comprometió en que las embajadas serían sólo ocupadas por miembros de la carrera diplomática, o por "personas extraordinarias en circunstancias extraordinarias", estatus que le fue concedido a Trillo. Su sueldo base asciende a 65.885 euros al año, pero la suma total podría llegar hasta los 21.000 euros netos mensuales.

La última tentativa de Rajoy fue dar salida al ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz. Después de su participación en la conversa y las escuchas con el director de la Oficina Antifrau para elaborar informes falsos contra partidos independentistas, España lo quiso enviar como embajador al Vaticano. Sin embargo, el Papa Francisco lo vetó como consecuencia de las filtraciones de cuentas del microestado por parte de un miembro de la administración vaticana, que así como Fernández Díaz, pertenecía al Opus Dei.

Más allá de las acciones del PP, el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero también lleva a la espalda el nombramiento de Rodrigo Rato como gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI). El exvicepresidente primero y exministro de Economía de José María Aznar se vio involucrado en el escándalo del caso Bankia, elemento que no le jugó en contra para que Zapatero lo avalara en un organismo del que formó parte de 2004 a 2007.

El PSOE también acumula otro caso en la exministra de Fomento y exdiputada en el Parlamento Europeo, Magdalena Álvarez. Álvarez tuvo que dejar su trabajo en el Banco Europeo de Inversiones (BEI) después de ser imputada por el caso de los ERE en Andalucía. Esta fue una trama de corrupción que vincula a la Junta de Andalucía desde los años 1980, dirigida entonces por Manuel Chaves, con el pago fraudulento a empresas. Álvarez se marchó con una paga de 10.000 euros en el mes hasta 2017, año en que cumplirá 65 años y podrá jubilarse. Existe vida política más allá del ejecutivo español y ésta está bien remunerada, a pesar de los escándalos internos de esta serie de ministros.