Si el Ministerio Público decide regularizar la situación fiscal del rey emérito Juan Carlos I, perderá buena parte de sus bienes no declarados. La recompensa valdría la pena ya que evitaría una querella por un delito contra la Hacienda Pública. Eso es lo que detalla El Independiente y subraya qué tendría que hacer: tributar al 43,5% el valor de los bienes que tuviera en el extranjero desde el año 2012, pagar un recargo de la cuota resultante del 20% y presentar las declaraciones complementarias por los intereses generados por las cuentas bancarias fuera de España en los últimos cuatro años. Este plazo se hace en base a la prescripción administrativa, fijada en su caso a partir del 2016, y sería todo lo que se le puede reclamar al emérito.
La legislación de las últimas décadas también va en contra de sus intereses. Según la Ley General Tributària del 2004, se establece la obligación a los contribuyentes a suministrado información sobre las cuentas abiertas a entidades financieras en el extranjero y sobre los bienes inmuebles y derechos sobre bienes al exterior. Si todo eso Juan Carlos no lo hiciera se puede enfrentar a una infracción tributaria considera como "muy grave".
Mientras la justicia suiza hace su trabajo con el fiscal Yves Bertossa al frente, se tiene que ver qué hará la española. El caso más escandaloso serían las comisiones cobradas de la monarquía de Arabia Saudí y transferidas a una cuenta en Panamá a través de una fundación. La contra es que en la hacienda madrileña, este impuesto ya ha expirado. Ahora, el camino que se podría recorrer sería exigir la regularización de las cuentas que todavía tenga abiertos desde el 2015, el último ejercicio que, todavía a día de hoy, no ha prescrito. Un camino que, ya voluntariamente, el expresidente Jordi Pujol decidió iniciar cuando se destapó su escándalo familiar.