Cambio radical de la fiscalía. Un vecino de Mataró de 23 años ha aceptado hoy una condena de dos años de prisión por haber participado en una protesta contra la sentencia del Tribunal Supremo a los independentistas catalanes, el 18 de octubre de 2019 en Barcelona. La fiscalía le pedía inicialmente diez años y seis meses de prisión por un delito de desórdenes públicos y otro de atentado contra la autoridad, petición de castigo que le ha rebajado mucho para que no tenga que entrar en la prisión. Esta era la pena más elevada pedida hasta ahora para un participante en una manifestación independentista. Con la conformidad de hoy, la Audiencia de Barcelona ha acordado la suspensión de la pena, siempre que no cometa un nuevo delito.
La conformidad se ha hecho este mediodía, en la sección décima de la Audiencia de Barcelona, donde el joven, defendido por el abogado Eloi Castellarnau, ha aceptado la rebaja de la condena que le ha ofrecido la fiscalía. Para rebajarle la petición de la pena, la fiscalía ha retirado del relato de hechos probados que tirase "piedras de grandes dimensiones" contra los agentes policiales, que controlaban la protesta masiva. También ha retirado la agravante de disfraz. El chico iba con una sudadera roja y por eso fue identificado. Así, en la resolución, el joven acepta que participó en una manifestación por los presos políticos y que tiró piedras.
Hechos
En el escrito de acusación provisional, la fiscalía exponía que el joven participó en "actos vandálicos de extrema violencia" con un grupo de veinte personas, donde solamente él fue identificado porque llevaba una sudadera roja. Con su actuación, la fiscalía asegura que "perturbó la paz pública". Con todo admite que ningún agente resultó herido. Por esta actuación, le pedía inicialmente la máxima pena por desórdenes públicos, 6 años de prisión, al aplicar las agravantes de disfraz, actuar con instrumento peligroso y durante una manifestación. Y, le pedía cuatro años y seis meses más de prisión por el delito de atentado contra la autoridad por los lanzamientos contra los furgones policiales. Hoy le ha rebajado la petición de pena del primer delito a un año de prisión, y en el segundo también, a un año de prisión. En solo los dos primeros meses del 2022 ya son dos los juicios en que la fiscalía ofrece una rebaja espectacular de las penas inicialmente pedidas. La semana pasada Max Castellarnau aceptó una pena de un año y 9 meses de prisión, cuando la fiscalía le pedía seis años inicialmente.
Por otra parte, mañana hay otro juicio contra participantes en manifestaciones independentistas. La sección segunda de la Audiencia de Barcelona juzgado dos jóvenes, a quien la fiscalía acusa del delito de desórdenes públicos, por el cual les pide 2 años de prisión, y otro de atentado contra la autoridad, 2 años de prisión más, por haber participado en una de las movilizaciones convocadas por Tsunami Democràtic al Camp Nou, el mismo 18 de octubre de 2019, para hacer oír el rechazo de la sociedad catalana contra la condena por sedición, con elevadas penas, a los líderes sociales y políticos para promover el 1-O y el procés de independencia del país. En total, cuatro años de prisión para cada uno. En este juicio, tampoco hay agentes heridos, y, por lo tanto, no se exige ninguna responsabilidad civil, ni por daños.