Claro y contundente. Jordi Pujol Ferrusola ha pedido a la Audiencia Nacional que revoque la resolución del juez Santiago Pedraz, del 31 de enero pasado, para enviar nuevas comisiones rogatorias a Andorra y Dinamarca relacionadas con un supuesto testaferro del hijo primogénito del presidente de la Generalitat, solicitadas por la fiscal. Su defensa, ejercida por el penalista Cristóbal Martell, afirma que esta medida "no tiene cobertura legal", ya que la instrucción de la causa contra la familia Pujol Ferrusola se cerró el verano del 2020; ya se han presentado los escritos de acusación y defensa, y la causa está ahora en manos del tribunal que los juzgará, no del juez instructor. Además, sostiene que con esta medida se "vulnera el derecho de defensa" del presidente Pujol y sus siete hijos.
En la resolución, el titular del juzgado central de instrucción 5 de la Audiencia Nacional atiende la demanda de la fiscal Belén Suárez y vuelve a pedir a las entidades financieras con sede en Andorra, Andbank, Crédito Andorrano, Banco de Sabadell de Andorra y Banca Privada de Andorra, información sobre las cuentas abiertas en las cuales figure como titular o apoderado Francesc Robert Ribes, el exdirector de la televisión andorrana, que la fiscalía vincula con el primogénito del presidente de la Generalitat.
Argumentos
La defensa de Jordi Pujol Ferrusola expone que las comisiones rogatorias a Andorra, el juez ya las aprobó en el 2019 y a Dinamarca, en octubre de 2017. Añade que el juez "de forma precipitada" cerró la instrucción contra la familia Pujol Ferrusola, aunque "todavía tenía ocho meses" para seguir la instrucción. También precisa que la fiscal Suárez no pidió ninguna nueva prueba documental, cuando el juez cerró la instrucción, el 16 de julio del 2020. Y califica de "abrumador" que la fiscal haya tenido este "olvido" y lo pida ahora, un año y medio después. Finalmente, los Pujol alegan que con esta acción "se vulnera su derecho de defensa", ya que sus abogados ya han presentado sus escritos sin tener en cuenta esta nueva documentación, que ni la fiscalía cita en su escrito de acusación. Por todo eso, piden a la sala de apelaciones de la Audiencia Nacional que anule la resolución del juez Pedraz.
Acusaciones y defensas
En el escrito de acusación, la fiscalía pide para el expresidente Pujol nueve años de prisión por los delitos de asociación ilícita y de blanqueo de capitales. Sostiene que por su cargo de presidente de la Generalitat de 1980 al 2003, así como al frente de Convergència, "tejió una red de clientelismo" con empresas afines, que pagaban a cambio de adjudicaciones. Las penas solicitadas para los hijos van de los 8 a los 29 años de prisión. Y mientras que Podemos le reclamaba 20 años de prisión para Pujol, la Abogacía del Estado se avino a la tesis de las defensas y descartó acusarlo, como la mayoría de sus hijos.
Por su parte, el penalista Martell solicita con rotundidad la absolución del expresidente de la Generalitat. "Nunca en el ejercicio de su alta función pública Jordi Pujol i Soley torció su recto y digno ejercicio desobedeciendo el interés general por motivaciones económicas que favorecieran el interés particular o el de sus hijos". La Audiencia Nacional tiene que fijar la fecha del juicio, además de las pruebas y de los 200 testigos propuestos que admitirá. Apartado de la vida pública, a finales del año pasado, el expresidente Pujol participó en un acto sobre la financiación de Catalunya.