La instrucción contra el presidente Jordi Pujol concluyó ya hace meses, pero, sin embargo, el juez Santiago Pedraz ha reclamado nuevos datos bancarios a Andorra de un presunto testaferro de uno de los hijos del expresidente y de una fundación supuestamente usada para ocultar fondos. Según adelanta ElPeriódico y ha confirmado ElNacional.cat, a pesar del fin del proceso contra la familia Pujol, todavía se están practicando diligencias judiciales para aclarar el 'caso Pujol'. Pedraz ha insistido en la respuesta del caso de dos comisiones rogatorias que todavía no han llegado y la Fiscalía insiste en ellas. El juez sostiene en el auto de que ha tenido acceso el rotativo, que en los documentos remitidos por las autoridades andorranas a propósito de las diversas comisiones rogatorias internacionales acordadas no consta la recepción de la información solicitada en estos dos casos. La defensa ha asegurado en declaraciones para ElNacional.cat que presentará un recurso contra la demanda de esta información.
El juez instructor Pedraz ha hecho caso a la insistencia de la fiscal Belén Suárez y ha reclamado en Andorra más datos sobre el supuesto entramado de los Pujol. "Las diligencias ahora interesadas resultan pertinentes, necesarias y proporcionadas a los fines de la presente instrucción" y la "indagación de los hechos", asegura la resolución. Si llegan estos documentos, se incorporarán a la causa en el juicio.
Con esta petición el juez vuelve a pedir a las entidades financieras con sede en Andorra, Andbank, Crédito Andorrano, Banco de Sabadell de Andorra y Banca Privada de Andorra, información sobre las cuentas abiertas en las que figure como titular o apoderado Francesc Robert Ribes, el exdirector de la televisión andorrana, en lo que los investigadores vinculan con el hijo más mayor del presidente, Jordi Pujol Ferrusola.
Hacienda devuelve dinero a los Pujol
Hacienda tendrá que devolver 1,7 millones de euros a la familia Pujol Ferrusola, según sus asesores. Es uno de los efectos directos de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que tumba la ley del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro que establecía la obligatoriedad de declarar los bienes en el extranjero. En la resolución, el tribunal europeo precisa que no es ajustado a derecho la no prescripción de un acto, como fijaba la ley del PP, y que esta aplicaba sanciones "desproporcionadas", según la resolución. Se asegura de que esta resolución también beneficiará Juan Carlos I, que una vez cerrado el proceso penal contra él ahora se le podrá cerrar la reclamación por vía administrativa.
Marta Ferrusola y cuatro de sus siete hijos (Marta, Mireia, Pere y Oleguer) declararon que tenían dinero no declarado en Andorra e hicieron una declaración complementaria (conocida como modelo 720), el 10 de julio de 2014, cuando se publicó uno foto de su cuenta en el banco BPA, ordenado de forma ilegal por la policía patriótica del PP, según han confesado algunos de sus autores, recentement. La familia pagó la mitad del dinero que tenían: unos 1.700.000 euros. La defensa de los Pujol Ferrusola, ejercida por el penalista Cristóbal Martell y el abogado Albert Carrillo, ya hizo constar en los recursos a Hacienda y en los tribunales económicos que este dinero se pagaba de forma cautelar, pero que no había ninguna irregularidad, porque eran dinero que tenían en Andorra hacía más de 20 años, a raíz de la deja que el abuelo Florenci depositó para ellos, y, por lo tanto, la supuesta irregularidad administrativa estaba más que prescrita (es 4 años). Inicialmente, la cuenta estuvo abierta el año 2000 en la Banca Corvina (actual Andbank) y se cerró en el 2010, con un único ingreso de 307 millones de pesetas (1,8 millones de euros). Al ser invitados a marcharse de Andbank, pasaron al banco BPA.
Además, la defensa de los Pujol Ferrusola detalla que en las reclamaciones a Hacienda añadieron que tenían conocimiento que la Comisión Europea obligaba a cambiar esta norma al estado español, y como no lo hizo, lo denunció finalmente, en diciembre del 2019, y hoy se ha conocido la resolución del TJUE. Hasta ahora, los tribunales administrativos no han querido darles la razón, asegurando que la familia del expresidente de la Generalitat tiene un procedimiento penal abierto y por eso no los ha aceptado, hasta ahora, el retorno del dinero