La reforma del delito de sedición es una noticia de estas que se alargará días y semanas, y más ahora que el Gobierno ha abierto la puerta a estudiar una reforma del delito de malversación. Hay opiniones de todo tipo; a favor y en contra de la reforma, algunos que la ven suficiente y otros que creen que todavía se podía ir más allá. Por su parte, el profesor de Derecho Constitucional y exletrado del Tribunal Constitucional (TC), Joaquín Urías, que considera que se ha hecho "con buena intención" pero que es "insuficiente". En un hilo en su cuenta de Twitter, el experto explica su punto de vista:
El mensaje empieza con ironía hablando de los "juristas oficiales", los cuales asegura que están preocupados por si la reforma de la sedición les impide "perseguir a los líderes independentistas" y los compara con lo que le preocupa a él: "Que la nueva redacción pueda causar un efecto de desánimo sobre el ejercicio del derecho a la protesta". Urías explica que estos "juristas oficiales" de los que habla, "presentan como verdad indiscutible" que cuando un grupo de políticos "participa en un movimiento para cambiar el modelo constitucional" la única solución pasa por el derecho penal: "Escogiendo cabezas de turco para que vayan a prisión". Cuando menos, el experto en derecho les recomienda que sean más abiertos de mente y así vean que ahora el problema jurídico es otro: "Si la reforma es para acabar con la desproporción que desanima el derecho de protesta, hay que evitar que eso pase realmente". Por todo eso considera que la reforma está hecha con buena intención pero tiene que mejorar.
La interpretación de Puigdemont
Urías no es el único que ha hecho sus propias interpretaciones de la reforma del delito, el presidente en el exilio, Carles Puigdemont, advertía este lunes en Twitter sobre una posible interpretación de la nueva norma sobre desórdenes públicos agravados que, considera, siempre será desfavorable para los independentistas. Puigdemont considera que, en la mano de los jueces españoles, estará el recurso de utilizar el "comodín" de la "intimidación", una actitud que el nuevo texto recoge y que sus críticos consideran excesivamente inconcreto y ambiguo. El dirigente independentista ha hecho la advertencia a quien "no ha aprendido nada de estos últimos cinco años", es decir, los independentistas confiados que piensen que los jueces españoles "renunciarán al comodín de la "intimidación" cuando tengan un independentista sentado en el banquillo de los acusados.
La versión del Gobierno
Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, ha que el objetivo de la reforma del Código Penal que elimina el delito de sedición es que "vuelva" a España el presidente en el exilio Puigdemont, exiliado en Bélgica desde hace cinco años, y ha apuntado que la "situación de convivencia" en Catalunya es mucho mejor con Pedro Sánchez que con el gobierno de Mariano Rajoy. En una entrevista en la Cadena Cope, Calviño ha asegurado que el objetivo de la reforma es alinear el tipo penal con la Unión Europea para que favorezca a la extradición de Puigdemont.