La Audiencia Nacional ha continuado este lunes el juicio contra el president Jordi Pujol, sus siete hijos y nueve empresarios, acusados de corrupción por la Fiscalía Anticorrupción. Han empezado a declarar los primeros cuatro inspectores de la delegación de Barcelona de la Agencia Tributaria como testigos y peritos. Una jefa de Hacienda en Barcelona ha asegurado que el delito fiscal del ejercicio 2008 imputado a Jordi Pujol Ferrusola “está prescrito”, a pesar de que la Fiscalía lo mantiene en su escrito de acusación. Es una buena noticia para la defensa del hijo mayor de Pujol, ya que inicialmente Anticorrupción le pide tres años de prisión por cada uno de los cinco delitos contra Hacienda que le imputa entre los años 2007 y el 2012, que suman un total de 6.598.799 euros supuestamente defraudados. Y si el año 2008 está prescrito, se supone que el 2007 también. Por ahora, la petición de castigo es de quince años de prisión por el delito fiscal, al cual se deben sumar: cuatro años de prisión por asociación ilícita; cinco de blanqueo de capitales, más tres años por falsificación y dos años por frustración de ejecución. En total, la Fiscalía pide 29 años de prisión para Pujol Júnior, y 9 años de prisión para el president Pujol.

Del total de 17 personas que son juzgadas, solo hay otras dos acusadas de delito fiscal: la exmujer de Jordi Pujol Ferrusola, Mercè Gironès, por el ejercicio 2012, y Josep Pujol Ferrusola, por el ejercicio 2010. Las inspecciones de Hacienda al hijo mayor de Pujol se iniciaron en enero de 2013, en paralelo a la investigación penal, que un mes antes había abierto la Audiencia Nacional, después de la declaración de la expareja de Pujol Júnior, Vicky Álvarez, salpicada por la operación Catalunya. En el año 2014, el juez instructor validó que Hacienda continuara sus inspecciones. Sus conclusiones, en algún extremo, son contradictorias con las de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), cuyos expertos deben comparecer a juicio. Un caso es la sociedad Inter Rosario Port Service, ya que actuaba en Argentina. Para la defensa, Hacienda “comenzó a hacer una investigación prospectiva de sus cuentas y movimientos de divisas”. Y no se pidieron comisiones rogatorias en Andorra, hasta que lo confesó el president Pujol, en julio de 2014, a pesar de que su carta solo decía que la familia tenía dinero sin declarar en “el extranjero”, no en el Principado.

Dudas por los pagos de empresarios

Paralelamente, la jefa de Hacienda ha explicado al tribunal que dudaron de si las facturas que emitieron empresas de Jordi Pujol Ferrusola correspondían a servicios reales de asesoramiento e intermediación con una parte de los empresarios acusados de pagarle supuestamente para cooperar en el blanqueo de la fortuna oculta de su familia en Andorra, según informa la agencia Efe. La inspectora de Hacienda analizó las obligaciones tributarias de las empresas de Jordi Pujol Ferrusola Iniciatives Marketing e Inversiones S.A. (IMISA) y Project Marketing entre los años 2008 y 2011.

En su declaración pericial ha señalado que detectaron ingresos que figuraban en las cuentas de estas empresas que en realidad debían corresponder a Jordi Pujol Ferrusola, a efectos del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), ya que eran servicios que prestaba con “carácter personalísimo”, y no al impuesto de Sociedades. Ha hecho referencia a diversas facturas emitidas por las sociedades de Jordi Pujol Ferrusola pagadas por empresas investigadas, como Copisa e Isolux —los exdirectivos de las cuales son también juzgados— por servicios de intermediación y asesoramiento en diferentes oportunidades de negocio.

En concreto, ha puesto como ejemplos la mediación de Pujol Júnior en operaciones de compraventa de un club de golf en Ronda (Málaga); la ampliación de la refinería del puerto de Cartagena (Murcia); un proyecto de plantas solares en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) y otros para introducir empresas en diversos países, como el de una planta de residuos en México o de instalaciones eléctricas en Gabón. La Fiscalía mantiene que los pagos de estos empresarios a Pujol Júnior son comisiones ilegales para que resultaran adjudicatarios de concursos de la administración pública catalana, a pesar de no detallar ninguna concreta.

Ninguna prueba de operación no real

La inspectora ha explicado que requirieron documentación a las empresas de Pujol Ferrusola, como actas de reuniones, correos electrónicos o contratos, que acreditaran que el concepto de servicios de asesoramiento e intermediación que se ponía en las facturas que emitían era real. No se aportaron. No obstante, la perita ha aclarado que cuando realizó su informe en 2015, tenían la confirmación de las empresas pagadoras de que los mismos se llevaron a cabo y nada en concreto que lo desmintiera.

Ha reconocido que le pareció extraño que Pujol Ferrusola llegara a cobrar más de un millón de euros por intermediar y asesorar en algún proyecto, pero ha añadido: “Si nadie me da algo que demostrara que esta operación no era real, para mí era válida, y si alguien hubiera dicho otra cosa, habríamos adoptado otro criterio”.

La perito ha indicado que con los datos que entonces tenían establecieron que en 2008 Pujol Ferrusola, como persona física, eludió a Hacienda una cuota a pagar de 89.244 euros, Imisa 55.162 y Project Marketing 4.375, pero estimaron que a efectos penales las deudas de ese año habían prescrito. El delito fiscal prescribe a cinco años, y el contador de la prescripción se para cuando se inicia la investigación, en el caso de Pujol, el 2013. Ha añadido que en los siguientes ejercicios en su propuesta de liquidación, la cuota resultante a pagar para Pujol Ferrusola fue de 135.951 para 2009; 19.137 para 2010 y 16.232 para 2011; para IMISA 45.655, 113.824 y 70.092, respectivamente, mientras que para Project Marketing le salía a devolver 38.468 en 2009 y 887 en 2010, quedando 2011 en cero.

Excepcionalmente, el juicio a la familia Pujol Ferrusola, esta vez trasladado a la segunda sede madrileña de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares, no se ha podido seguir en directo por Youtube por problemas técnicos. Este hecho ha restado transparencia a esta sesión “muy técnica y farragosa”, según abogados defensores. La próxima y última sesión del juicio de esta semana será el jueves.